¿Exigencia o responsabilidad?

La fase cuatro del programa de aislamiento so­cial preventivo contra el coronavirus, que está en curso desde el lunes último, ha dejado de ser obligatorio, perdió en el camino esa condición y pasó -gradualmente- a ser más una acción voluntaria que un imperativo sostenido en un entramado sancio­natorio, como lo fue al principio cuando la epidemia llegó a estas costas del mundo. Es posible que la dife­rencia apenas se note, y muchos ni siquiera hayan re­parado en ella (especialmente las autoridades que tie­nen la difícil tarea de tomar medidas), pero una cosa es la conducta basada en la responsabilidad y otra muy distinta cuando se funda en una exigencia que puede acarrear consecuencias legales. Hay un fino límite entre ambos escenarios y por ese sendero, que aunque estrecho está plagado de grises, ha comenzado a transitar la sociedad argentina. Y el peligro que supone el covid-19 no ha des­aparecido, todo lo contrario.

El nuevo esquema, con muchas barreras levantadas en un puñado de jurisdicciones, entre ellas Co­rrientes, pondrá a prueba la dis­ciplina sanitaria de las comuni­dades que a menudo se muestran permeables a los desbordes ape­nas advierten un resquicio de libertad. El mal ejemplo se propaga con igual o mayor velocidad que cualquier virus y en esta ciudad hay pruebas suficientes. 

Por eso, el contexto de una cuarentena administra­da que ahora pasó a ser focalizada también implica un desafío para los que mandan porque tendrán que hacer gala de un valor casi siempre escaso: el criterio para ele­gir el rumbo del bienestar general.

En ese amplio segmento de los que “mandan” no sólo hay que ubicar a los gobernantes, es decir aque­llos encargados de administrar la cosa pública, tam­bién figuran los que legislan, los que imparten justicia, incluso los dirigentes de la sociedad civil, por ejemplo las cámaras empresariales, productivas, los colegios profesionales, los gremios. Los dueños de negocios. Y hasta el cuentapropista es, en esencia, alguien que tie­ne mando y en este caso sobre su propio destino.

Resulta indispensable entender que en este tiempo el criterio es una responsabilidad, que permitirá salvar vidas. Atender el interés particular sin vulnerar el bien­estar colectivo, de eso se trata. Sucede que Corrientes ha levantado las restricciones y hoy quedan muy pocas actividades dentro del cerco. 

Podría decirse que prácticamente se ha vuelto al movimiento de rutina, de no ser por los barbijos que recuerdan el riesgo de la epidemia y la ausencia de los estatales y los escolares, todo el aparato económico está en marcha. 

“Si cumplimos podremos seguir liberando actividades, pero depen­de de nosotros”, señaló el gober­nador Gustavo Valdés, quien ad­virtió que si hay un agravamiento del cuadro epidemiológico “vamos a volver atrás”. 

Es una señal de buen criterio el mensaje del mandatario provincial pues parece dispuesto a corregir el programa si ve algún peligro en el proceso de salida del aislamiento.

En ese marco se inscribe -se­gún parece- la decisión que tomó la Provincia de no autorizar la sa­lida de los niños, una medida que adoptó el Gobierno nacional y que generó algunas polémicas. El tema ya motivó controversias en la instancia previa al anuncio presidencial y luego siguió, pero con un carácter políti­co, una vez publicado el decreto reglamentario.

Corrientes y otras ocho provincias eludieron el con­vite de Alberto Fernández de abrir las puertas de los hogares para que los chicos, jóvenes y población de riesgo, tengan un tiempo de esparcimiento. Algunos creen ver en esto un cortocircuito político. Puede ser así, pero en realidad lo que trasunta es la ausencia de criterio. Al menos de criterio uniforme. 

Si levantaron todas las restricciones, bien podría ha­cerse una concesión con los niños. Al fin y al cabo, hoy casi todo el aislamiento depende de la voluntad.