Domiciliaria: piden “urgente” dictamen y aclaran que es para “no violentos”
El organismo estatal requirió al STJ que “adopte las medidas necesarias”. La jueza de ejecución había dicho que recibió “unos pocos” pedidos.
El Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Corrientes solicitó ayer que de manera “urgente” el Juzgado de Ejecución de la Condena resuelva los planteos de prisión domiciliaria y libertad anticipada de personas privadas de su libertad en cárceles bajo administración del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus. Además instó a las autoridades judiciales a un uso racional de las preventivas y detenciones en comisarías, como excarcelar a presos procesados (o sin condena firme) en los casos que la medida no implique riesgos de fuga. En medio de una fuerte polémica por la liberación de presos, desde el entidad aclararon que los beneficiados deberían ser “condenados por delitos no violentos o de penas menores”.
“Parte de las soluciones a estos problemas, es el urgente tratamiento y resolución de arrestos domiciliarios excarcelaciones y morigeraciones de detenidos que están dentro de los colectivos más vulnerables a la epidemia”, dice el escrito al que accedió NORTE de Corrientes y que surge de una reunión por videoconferencia de los integrantes del organismo estatal de Derechos Humanos.
El lunes de la semana pasada el comité había presentado un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitando sea convocada la titular del juzgado de Ejecución, doctora María Teresa Zacarías. Al día siguiente, y con el visto bueno del Ministerio Público, la Corte provincial volvió a poner en funciones a la magistrada, que se encontraba de licencia desde el 16 de marzo. Ese mismo martes se produjo una represión en la Unidad Penal Nº 1 de Capital donde 400 internos realizaban una huelga de hambre pacífica pidiendo celeridad en los trámites judiciales, como consecuencia un preso (José María Candia, de 22 años) fue asesinado por las fuerzas de seguridad. El jueves 23 la doctora Zacarías, en una entrevista radial, aseguró que desde el día que volvió a su labor había recibido “uno pocos” pedidos de prisión domiciliaria, y aclaró que el SPP sólo había remitido un listado el cual no tiene valor formal para dar curso al trámite. “Si hago una soltura a mansalva estaría cometiendo un delito”, había aseverado. El Comité también requirió al STJ que “se disponga que el Juzgado de Ejecución, adopte las medidas necesarias para resolver las libertades asistidas y condicionales cuando se cumpla el requisito temporal, y aun si para esa fecha no cuentan con los informes carcelarios, ni se encuentre operativo el Patronato de liberados (como en este momento) para controlar el cumplimiento de las condiciones que se impongan”. También instó a los jueces “a racionalizar el uso de la prisión preventiva, procediendo en su caso a una externación seleccionada con el fin de menguar el hacinamiento en cárceles y comisarías”. s
Transitoria
“La paradoja de esta crisis ha sido que aquellas personas que estaban gozando de salidas transitorias se les suspendieron. En estos casos también debe revertirse la lógica y otorgar el arresto domiciliario o régimen de libertad a este grupo de detenidos”.
Fernández: “Me opongo al indulto”
El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que existe “una campaña mediática” que busca “acusar al Gobierno de querer facilitar la libertad” de personas detenidas con condenas y recordó que organismos internacionales y de derechos humanos formularon recomendaciones para “evitar el hacinamiento en las cárceles” ante el coronavirus. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, señaló.
Un grupo de senadoras se manifestó en contra de la concesión del beneficio a los acusados de delitos contra la integridad sexual o de hechos de violencia contra las mujeres “por los riesgos que podría implicar para las víctimas”.
El presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, dijo ayer que la decisión de otorgar prisiones domiciliarias tiene como fin “preservar la vida” y advirtió que si no se descomprimen las cárceles ‘”se van a infectar 50 mil presos”.