La liberación de presos colocó a jueces en la mira y la desaprobación aumenta 

Fractura expuesta: la li­beración de presos -como medida para reducir las posibilidades de contagio, circulación y muerte por coronavirus en las cárce­les- ha fallado; dejó dividi­da a la sociedad argentina, dañando el consenso que había alcanzado el Gobier­no nacional en su plan para controlar la pandemia. Pero no es el único afectado por el malestar, también el Po­der Judicial está en la mira, al menos ciertos jueces. 

Ayer las voces en favor y en contra siguieron alimen­tando el debate más inten­so en estos 43 días de ais­lamiento social, preventivo y obligatorio (y donde han muerto ya 9 presos en mo­tines), la más criticada fue la jueza de Ejecución de la Condena de Quilmes, Julia Márquez, quien ayer infor­mó en una entrevista radial que “desde que comenzó todo esto fueron liberados 176 con condenas por de­litos contra la integridad sexual (abusadores y viola­dores)”. La cifra representa el 10% del total de excarce­lados. 

En Corrientes (donde un foco de infección de los 50 casos de coronavirus ha sido el personal penitencia­rio), autoridades judiciales afirmaron que aún no se concedió ninguna por ser “grupo de riesgo” (Ver más en pág. 16). 

Otro actor judicial, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró ayer que “no hay tobilleras para todos los detenidos”, sostuvo, según un despa­cho de NA. “Funcionó has­ta que hubo un quiebre: se produjeron desequilibrios, se nos colaron y estamos trabajando para regularizar esa situación”, agregó.

Asimismo, aseguró que la “preocupación” que tie­ne “no es sólo neutralizar y recomponer esa situación, sino analizar los integran­tes del sistema judicial que actuaron de una manera contraria a la ley”. Esos dichos consonaron con el anuncio del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, de hacer juicio político a “aquellos jueces que no den vista a la parte, a la víctima del delito y que procedan a la liberación de delincuen­tes”.