Ledesma se refirió a la resolución que movilizó las cárceles del país

La presidenta de la Cá­mara Federal de Casación Penal (Cfcp), Ángela Le­desma, aclaró que el Poder Ejecutivo “no tiene ninguna incidencia en la libertad o encierro de las personas” y explicó que ese tribunal re­comendó el 13 de abril que los jueces bajo su jurisdic­ción apliquen “medidas al­ternativas al encierro” con una perspectiva humani­taria, principalmente para acusados de cometer “deli­tos leves”, aunque advirtió que los magistrados “pue­den equivocarse”.

La jueza es titular de la Cámara Federal de Casa­ción Penal, máximo tribu­nal penal del país -el más importante por debajo de la Corte Suprema de Justi­cia- y fue quien estableció los lineamientos para que pudiesen revaluarse las de­tenciones en las cárceles federales, con el objetivo de reducir el número de inter­nos al mínimo posible, en el marco de la pandemia por coronavirus.

En relación a las polémi­cas recomendaciones para descomprimir la situación carcelaria sostuvo que “no ha habido ningún pedido del Poder Ejecutivo”. 

“Yo he sido la persona que motorizó la idea de una acordada y lo hice a partir de lo que iba leyendo en marzo sobre lo que iba ocu­rriendo en otros países con sistemas parecidos al nues­tro, como el continental-europeo (Alemania, Italia, España), y fui siguiendo las decisiones de esos países”, se excusó la magistrada en relación a la disposición que se hizo pública y que generó revuelo a nivel na­cional y que generó protes­tas y motines en cárceles provinciales y federales de todo el país.

Esta disposición emitida el 13 de abril -la Acordada 9- en la que instó a los tri­bunales inferiores a evaluar la posibilidad de otorgar prisiones domiciliarias a quienes cometieron delitos “leves” o “no violentos”, a mujeres embarazadas o con niños, a los que estén por obtener salidas transitorias y a los adultos mayores con riesgos de salud”.

La jueza indicó, en rela­ción a esto que “además se incluyó a los detenidos por delitos graves pero, en ese caso, el máximo tribunal penal llamó a aplicar las recomendaciones “con ex­trema prudencia y carácter sumamente restrictivo”.

Respecto a los fundamen­tos que tuvo la Cámara Fe­deral que recomendó medi­das alternativas al encierro en este contexto de pande­mia, Ledesma sostuvo que “la decisión se enmarca en la emergencia sanitaria y por razones humanitarias, pero tiene en cuenta dos acordadas anteriores”. 

“En una poníamos de manifiesto la necesidad de prestar particular atención a las mujeres privadas de la libertad que tuvieran niños pequeños a su cargo, y a em­barazadas. En la otra, mani­festamos preocupación por la propagación y el contagio del virus, y el riesgo frente a los grupos vulnerables que están en cárceles”, sostuvo la magistrada federal. 

Explicó además que en “la Acordada 9 fue muy meditada y analizada por los miembros de la Cáma­ra y sin lugar a dudas han incidido los consejos de organismos supranacio­nales. Sobre todo hemos reconocido el deber de ga­rantes que tiene el Estado y que tenemos los jueces. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja, la Or­ganización de las Naciones Unidas y del comité local de prevención contra la tortu­ra y muy especialmente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos han llevado a una mayor reflexión y análisis. Lo que hacemos es recomendar que los tribunales de la ju­risdicción tengan en cuenta las pautas de interpretación que fijamos”.

Consideró que, si bien la decisión de la acordada no fue unánime, “la preocupa­ción es compartida por to­dos los miembros del cuer­po, aunque algunos tengan un criterio divergente en orden a si se pueden hacer estas recomendaciones sin que haya un caso en sentido concreto”. 

Aclaró, respecto a esto que “la mayoría (11 de 13) interpretamos que no pode­mos estar ausentes y pensa­mos en la vulnerabilidad de los colectivos, ya sea mu­jeres, personas en riesgo, o todas las personas privadas de la libertad, como con­secuencia del coronavirus y la situación de nuestras cárceles sobrepobladas y el hacinamiento que impide el distanciamiento obligato­rio que impone la OMS. Por eso intentamos fijar pautas interpretativas para que los jueces, de acuerdo a las cir­cunstancias de cada caso, puedan resolver”.

Sostuvo, al fundamentar la decisión que “pensamos en la vulnerabilidad de los colectivos, ya sea mujeres, personas en riesgo, o todas las personas privadas de la libertad, como consecuen­cia del coronavirus y la si­tuación de nuestras cárce­les sobrepobladas”.

En este contexto se refirió también al margen que tie­nen los jueces de tribuna­les inferiores para aplicar o no las recomendaciones de Casación y detalló que “los jueces tienen el margen que les da la ley para analizar las características de cada caso, para ver si procede a un en­carcelamiento preventivo en la modalidad de domici­liaria y con alguna medida asegurativa que puede o no ser electrónica”. 

Indicó también: “Habrá que considerar, en los casos de personas con condena, quiénes están en condicio­nes de acceder muy pronto a la libertad y quiénes en forma asistida o condicio­nal, teniendo en cuenta las opiniones del servicio criminológico. Por eso se habla del respeto de la nor­mativa y el cumplimiento de la ley de víctimas, que implica escucharlas previa­mente”, precisó la jueza en una entrevista publicada en la Agencia Télam