El absurdo también es contagioso

El Congreso de la Nación, que no sesiona des­de hace casi dos meses, ha ganado nueva­mente el centro de atención por una polé­mica decisión de los presidentes de ambas cámaras, Cristina Fernández de Kirchner (Senado) y Sergio Massa (Diputados) que, a través de una reso­lución conjunta, establecieron un plus salarial para el personal que cumpla tareas esenciales durante la cuarentena. En concreto recibirán aproximadamente $2.305 por cada jornada laboral y según la cuenta que hacen las autoridades, cada uno de los beneficiarios tiene unos once días trabajados, lo que supone que embolsará -además del haber correspondiente- unos $23.000 extras. No estaría mal, si no fuese por algunos detalles im­portantes a tener en cuenta que vuelven el reconocimiento dine­rario un dispendio desacertado. 1) Situación de emergencia que obliga a practicar la austeridad; 2) El Congreso no está produciendo nada, salvo videoconferencias que alimentan con información el sistema de medios; 3) Se está pagando doble por una tarea me­nos que simple en virtud de que no hay actividad. Ni siquiera hace falta comparar con otros rubros laborales, como el personal de Salud o de Seguridad, para reafirmar que la resolución es un despropósito.

La medida provocó la reacción de la oposición, senadores de Juntos por el Cambio salieron al cruce exigiendo la revocación de la resolución. Será difícil que tengan éxito. Al mismo tiempo los sindicatos que nuclean a los empleados legislativos exaltaron la mag­nánima ocurrencia de las autoridades.

El tema promete levantar polvareda, la noticia ape­nas se conoció en las últimas horas y está subiendo en el ranking que mide las polémicas. Según parece el Poder Legislativo no está dispuesto a cederle todo el protagonismo al Poder Judicial en la producción de es­tropicios. Mientras los jueces liberan presos condena­dos sin reparar en antecedentes penales, los dos jefes de las cámaras del Congreso desembolsan compensa­ciones con el dinero de todos. 

Puede que resulte un absurdo la afirmación, pero los trabajadores legislativos tienen que trabajar y no es necesario que cobren un plus porque hay una emer­gencia sanitaria. En todo caso se les debe asegurar la condiciones adecuadas para que no corran riesgos. Esto es casi tan absurdo como tratar de interpretar el mensaje surgido del amotinamiento en la cárcel de Devoto: “No me quiero morir en la cárcel”. Lo escribió un interno que pide régimen domiciliario por la pan­demia. 

¿Cómo se hace para explicar lo que tiene una lógica demoledora? Debería ser sencillo, pero en la Argentina nada es tan simple. El preso, condenado, tie­ne que afrontar la pandemia entre rejas. Por supuesto, con las condi­ciones adecuadas para que no lo mate un virus extraño. Así como el policía enfrenta la emergencia sanitaria en el puesto que ordene el servicio, el médico en el hos­pital, el colectivero al volante, el recolector de residuos trepado al camión, el que está preso tendrá que lidiar con el albur donde le corresponde: en la cárcel.

Igual lógica debería regir para el personal del Ho­norable Congreso de la Nación. El trabajar durante el aislamiento social no los hace merecedores de un bono extraordinario. No están arriesgando la vida ¿o sí? Cristina Kirchner y Sergio Massa entienden que esa gente se ha ganado un extra. No son muchos, di­cen como justificativo. Y esto lleva a un dato, el Poder Legislativo alberga, según los últimos registros oficia­les, 3.631 empleados entre planta permanente y tran­sitoria, para los 72 senadores y los 257 diputados. Esto sin contar los contratados.

¿Cuándo fue la última sesión en el Congreso? El jueves 12 de marzo, ese día el Senado convirtió en ley la reforma de las denominadas jubilaciones de privile­gio. Se cambió la ley para ahorrar, dijeron.