La Justicia y las excarcelaciones
Se avanza con los pedidos de juicios políticos, con el respaldo del Observatorio de Víctimas de Delitos, contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Claudio Brun, a quien acusan de mal desempeño de sus funciones por conceder arresto domiciliario a un preso condenado por violación.
El escándalo judicial desatado por la liberación de presos peligrosos la semana pasada, bajo el argumento de aliviar la población carcelaria de las unidades penales, tiene por estas horas la reacción administrativa, en clara coincidencia con la social, que rechazó esta práctica llevada adelante por jueces, principalmente de la provincia de Buenos Aires y algunos de alcance federal.
Así pues la Justicia bonaerense dispuso que a partir de hoy los habeas corpus que presenten los defensores públicos en favor de presos que formen parte de la población de riesgo -por el coronavirus-, para que se les otorguen prisiones domiciliaras, deberán ser resueltos por la mayoría de los miembros de los tribunales, y no de manera unipersonal como hasta ahora.
Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la medida forma parte de una resolución administrativa firmada el último lunes por todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia provincial, y que deberá entrar en vigencia mañana.
En esa resolución se dispuso “la vuelta al régimen ordinario de asignación de turnos para las cámaras civiles y de la toma de decisión plural o por mayorías de los miembros de los tribunales colegiados”, entre ellos el Tribunal de Casación.
En una acordada del 17 de abril pasado, firmada de manera unipersonal por el presidente del Tribunal de Casación, Víctor Violini, se había hecho lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos de todos los departamentos judiciales, para que se evaluara la prisión domiciliaria para presos que formaran parte del grupo de riesgo, ante el posible contagio del coronavirus.
En la misma línea de rechazo a las decisiones judiciales, ayer también se supo que se avanza con los pedidos de juicios políticos, con el respaldo del Observatorio de Víctimas de Delitos, contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Claudio Brun, a quien acusan de mal desempeño de sus funciones, por conceder arresto domiciliario a un preso condenado por violación.
La presentación ante el Consejo de la Magistratura bonaerense será la primera que hará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que criticó a los magistrados que decidieron dar ese beneficio a los acusados de delitos graves.
La abogada Petersen formulará el pedido en representación de G.N.S., una adolescente discapacitada que en 2008 fue abusada sexualmente, con acceso carnal, por un hombre que fue sentenciado a cárcel, informaron fuentes parlamentarias.
El violador fue condenado a 7 años de prisión y el juez Brun le concedió a principios del mes pasado el arresto domiciliario, quedando pendiente el cumplimiento de 2 años y 7 meses de cárcel. Luego el magistrado dispuso el retorno del condenado a la cárcel.
A modo de ejemplos contundentes, las medidas que se tomaron en las ultimas horas responden a una reacción social que claramente se contrapone al juicio de esos jueces, que dejaron de lado el criterio comunitario, avanzaron con medidas inconsultas por fuera de la norma y, lo que representa un verdadero escándalo en la sociedad, liberaron presos peligrosos con argumentos sanitarios, sin tener en cuenta situaciones generales y de rigor para que la medida llegue a quienes realmente sean pasibles de recibirla.
La Justicia, como en tantas otras cuestiones, acude de manera contraria al sentido común de la sociedad, dejando de lado el verdadero rol que la misma le impuso.s