Dan beneficios a un narco que vendía estupefacientes en prisión domiciliaria 

Un hombre sindicado como el líder de una organi­zación que comercializaba estupefacientes al menudeo en la ciudad de Goya y al que ya se le había revocado el arresto domiciliario por vender drogas en su casa, volvió a ser beneficiado con ese sistema de detención por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Los jueces consideraron que el condenado, de 48 años, integra el grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus y por consi­guiente otorgaron el tras­lado a su domicilio -donde vendía drogas- para salva­guardarlo.

En un fallo emitido el pa­sado 26 de abril, ordena que el condenado, H.G. Altami­rano “continúe cumpliendo la prisión preventiva en la modalidad de prisión domi­ciliaria” la que se hará efec­tiva en la vivienda ubicada en el barrio Mauricio Valen­zuela, de la ciudad de Goya, donde ya había sido deteni­do dos veces por comerciali­zar estupefacientes.

Solicitaron además que sea trasladado desde la Uni­dad Penal 17 de Candelaria (Misiones) a su casa y que se le ponga una pulsera elec­trónica para monitorearlo.

La resolución fue en respuesta a un pedido del defensor oficial, Enzo Di Tella, quien, había aludi­do al estado de salud del sospechoso “y la actual si­tuación sanitaria a raíz de la pandemia mundial por coronavirus covid-19”, ex­plica el fallo.

En este contexto indica­ron los jueces que “del cotejo de las actuaciones surgen informes médicos relacio­nados con las enfermedades del encausado, que refieren HIV y Epoc por tabaquismo, antecedentes de hepatitis C y tuberculosis”.

Respecto de esto los ma­gistrados del tribunal con­sideraron que el imputado “se encuentra comprendido en el denominado grupo de riesgo de acuerdo a los pará­metros fijados por el Minis­terio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto de la pandemia de coronavirus covid-19. Esto implica que un eventual contagio puede acarrear consecuencias fa­tales”.

Lo llamativo del caso es que el imputado fue deteni­do dos veces por el mismo delito: venta de estupefa­cientes al menudeo y con la modalidad delivery.

Las investigaciones ha­bían iniciado en 2016. Esto derivó en que la Policía Fe­deral allanara su domicilio, lo detuviera y secuestrara estupefacientes.

Luego de haber estado de­tenido, un Juzgado Federal de Primera instancia le otor­gó la posibilidad de cumplir prisión preventiva en su domicilio y se le asignó una pulsera electrónica.

Pero, en julio de 2018, el imputado y otros integran­tes de su familia fueron de­tenidos.

Descubrieron entonces que H.G. Altamirano, regen­teaba centros de venta de drogas en la ciudad de Goya, con la pulsera electrónica puesta y desde su casa. 

En ese contexto otros tre­ce familiares fueron invo­lucrados en la misma causa judicial. Esa causa había sido tramitada en el Juzga­do Federal 2 de Corrientes. Esta magistratura coordinó investigaciones durante seis meses, en los que pudieron identificar a los integrantes de la organización criminal, que resultaron ser familia­res. 

Estos fueron detenidos en el marco de tres allanamien­tos simultáneos realizados en los barrios Mauricio Valenzuela y Las Golondri­nas de la ciudad de Goya, donde los policías hallaron una apreciable cantidad de material estupefaciente ya acondicionado para venta. 

La última vez que le detu­vieron se logró determinar que la organización utili­zaba un automóvil y varias motocicletas para el reparto “a domicilio” de estupefa­cientes. Estos rodados tam­bién fueron secuestrados, además de armas de fuego, celulares, computadoras, una balanza de precisión, elementos de corte, además de unos 70.000 pesos. 

Nuevamente fue apresado y debido a la superpoblación carcelaria, fue trasladado a Misiones a la espera de que se le fije fecha de juicio.s

El tribunal estableció pau­tas de comportamiento al detenido, como la de no delinquir y no consumir alcohol.

Escasas resoluciones en el ámbito federal

Desde el Ministerio Pú­blico Federal de la Defensa habían advertido que son escasas las prisiones do­miciliarias otorgadas por el Tribunal Federal de Co­rrientes desde que se pusie­ron en marcha las medidas preventivas para evitar con­tagios de coronavirus.

Según explicaron, los de­fensores oficiales asisten a unos 1.000 imputados en delitos federales. De esas, 600 están alojadas en cár­celes, y de ese total se tra­mitaron 125 pedidos de de­tención domiciliaria y liber­tades condicionales.

En respuesta a esto, los tribunales (Oral y de Ape­laciones) concedieron 10 libertades condicionales pero que correspondían ser otorgadas al margen de la pandemia y 9 domiciliarias sustentadas en las reco­mendaciones sanitarias.

Por otra parte, según las resoluciones hechas públi­cas por el Centro de Infor­mación Judicial, desde el 15 de marzo los tribunales y Cámaras de Apelaciones de la Justicia Federal en Co­rrientes emitieron 30 fallos, de los cuales más de 20 se relacionaron con pedidos de excarcelación o prisión domiciliaria por la emer­gencia sanitaria. 

La Justicia Federal de Co­rrientes tramita en su ma­yoría causas por narcotrá­fico, un delito considerado no violento. Esta particula­ridad es tenida en cuenta en las recomendaciones de la Cámara de Casación Penal de la Nación con relación a las condiciones que deben tener en cuenta los jueces al momento de analizar pedi­dos de detención domicilia­ria y de libertades asistidas o condicionales.

En Corrientes más del 70% de los expedientes son por delitos relacionados con la venta o transporte de drogas y la mayoría de los imputados en prisión pre­ventiva están alojados en centros no carcelarios -edi­ficios de fuerzas federales- debido a que en la provincia se carece de una Alcaidía Federal.

En algunos casos se les otorga la prisión domicilia­ria hasta que se realice el juicio. En tanto, los conde­nados, generalmente son trasladados a la Unidad Penal 7 de Resistencia, a la ciudad de Candelaria, Mi­siones (UP17) o las unida­des carcelarias de Chaco y Formosa siempre y cuando existan plazas disponibles.

Cuando las cárceles de la región están saturadas, se los envía a otras cárceles del país