Una compulsa de obviedades

El inquietante proceso de liberación de personas condenadas por delitos de distinta gravedad que cumplían su sentencia en cárceles del país, un movimiento que pareciera haber experimentado un freno obligado en los últimos días ante el repudio social, sumó un capítulo más a la polémica con el pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que se ocupó de advertir -por si hiciese falta- que “ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”. De esta manera, la entidad salió al cruce de las declaraciones que en su momento formuló el presidente Alberto Fernández, y otros dirigentes políticos, algunos con cargos ejecutivos en las provincias, señalando que la suelta de presos es responsabilidad de jueces y camaristas. Ambas partes argumentan con perogrulladas, que no aportan respuesta al déficit ya conocido y no remiendan el estropicio nuevo que se ha cometido.

Es el viejo juego de la política en la Argentina, eludir el compromiso propio y trasladar la exigencia al que está enfrente, o al costado. Es tan cierto que el problema estructural del sistema penitenciario argentino (el Federal y también el de las provincias) debe ser reparado por el que gobierna, como igual de verdadero es el hecho de que la excarcelación de un condenado (peligroso, o no) depende de la valoración, y la firma, del juez.

Verdades de Perogrullo, expresiones tan evidentes que de tan sabidas resultan una afirmación trivial, inocua para superar la controversia que se ha instalado. Técnicamente es un truismo, es decir una verdad obvia. Discutir sobre estos ejes es perder tiempo.

Acaso lo novedoso es que la Asociación de Magistrados hizo una manifestación política frente al embate que está sufriendo, no tanto por parte de la gente, que seguramente les causa molestia, pero no los inquieta, y sí por parte de la clase política, especialmente desde la Presidencia. El disparador es la posibilidad de que algunos jueces sean sometidos a juicio político por la desmesura en la liberación de presos.

Al respecto señalaron que “resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve”. Y agregan: “Para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”.

Ciertamente hay instancias dentro del Poder Judicial para evaluar a sus integrantes, sin embargo cómo confiar en resortes que parecen oxidados o más de las veces saltan desarticulados o complementarios del funcionamiento anómalo. Un examen desde afuera nunca está mal, sobre todo para un sector que se supone totalmente autónomo del modelo que la da vida. En el gremio de “Su Señoría” sienten que es una “intimidación” tener que dar cuenta de sus actos. No es novedad que en el selecto ámbito de la magistratura, que funciona cual Olimpo, mucho de sus miembros se consideran lejanos de la mano del hombre. Es un paradigma -insolente- que habrá que desterrar si se quiere construir un país mejor.

“Si un juez hizo algo indebido, tendrá que explicarlo”, dijo el presidente Fernández. La única amenaza que asoma en torno a ese mensaje es la posible deficiencia del procedimiento que se implementó para liberar a quienes salieron de la cárcel. Y puede que no haya razones, ajustadas a Derecho, que justifiquen la autorización de los jueces. ¿O sí?

Sobre este punto gira el albur que trajo aparejado el coronavirus. No es cuestión de cantidades ni gravedad de condenas. No es sólo el deterioro del sistema penitenciario ni la emergencia sanitaria. Se trata de que la legalidad y la legitimidad vayan de la mano.