Corte bonaerense paró las domiciliarias y crece roce entre poderes por los presos

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) bonaerense declaró ayer admisible el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Penal de la Provincia, Carlos Altuve, y suspendió de manera provisoria el otorgamiento -de aquí en más- de prisiones domiciliarias a los detenidos que integran el “grupo de riesgo” para el contagio del coronavirus, informó ayer Télam. La medida se da en el contexto de una polémica nacional por la salida de personas privadas de su libertad -algunas condenadas por delitos graves (abuso sexual, femicidio, secuestro, corrupción) que debilitó el consenso obtenido por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria, pese a las reiteradas aclaraciones de que el otorgamiento de beneficios es facultad exclusiva del Poder Judicial. En ese sentido ayer la Asociación de Magistrados emitió un comunicado -que puede ser leído como una respuesta al posicionamiento del Gobierno- donde recordaban que es responsabilidad del Poder Ejecutivo la administración de las cárceles, las cuales por su superpoblación imposibilitan el “distanciamiento social” para evitar la propagación de la enfermedad (ver más en página 13). En simultáneo con la resolución judicial, el gobernador de esa provincia, Axel Kicillof, anunció la creación de más “plazas” para alojar presos, haciendo ver cuál es su postura mientras que su ministro de Justicia, Julio Alak, -quien fue acusado de tener “un plan para liberar a los presos”- aseguró que la definición que adopte la SCJ “va a fijar pautas para que los jueces decidan en qué casos corresponde conceder la prisión domiciliaria”.

El máximo tribunal provincial aceptó tratar el recurso que presentó el lunes por el fiscal Altuve para que se revoque el habeas corpus colectivo que habilita otorgar las prisiones domiciliarias, admitido por el juez de la Cámara de Casación bonaerense Víctor Violini en abril último y que le valieron a este última importantes críticas y hasta planteos de juicios políticos por parte de diputados del PRO.

En la resolución -con firma digital- los jueces Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, declararon “procedente’” la queja.

La Suprema Corte declaró que la resolución “suspende los efectos” de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada. La resolución establece que previo al dictado de la sentencia de fondo se debe requerir por oficio al Tribunal de Casación Penal “la inmediata remisión del expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia”. Además ordenó, que una vez recibidas las actuaciones, el procurador general, Julio Conte Grand, tendrá que emitir un dictamen “en un término de 24 horas” tras lo cual el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen “también de un plazo de 24 horas”.

En ese mismo plazo, se habilitó que otros interesados puedan presentar escritos, se aclaró desde el máximo tribunal. Fuentes de la Suprema Corte precisaron que “se busca resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad posible”.

Altuve recurrió en queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini, del 17 de abril en el que hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado para quienes estén involucrados en delitos leves (sin hacer mención a cuáles hacía referencia).

Según fuentes penitenciarias, en el primer mes de la cuarentena, unos 500 presos bonaerenses fueron beneficiados con prisiones preventivas, entre ellos algunos “colados” -como admitió el procurador Conte Grand- asaltantes, violadores y asesinos.