“Las libertades a causa del coronavirus son por deficiencias carcelarias”

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió ayer un comunicado y entre sus “consideraciones” primó relativizar la responsabilidad del Poder Judicial respecto a la situación de los presos en Argentina, cuya liberación o morigeración de la pena, ha sido causante de una fractura social que melló el consenso del Gobierno, que en su afán de despegarse de la polémica echó culpas a los jueces, postura adoptada también por legisladores (opositores y oficialistas) que no dudaron en salir a anticipar que promoverían juicios políticos a los funcionarios judiciales que hayan tomado intervención en la liberaciones de condenados por delitos graves.

“A propósito de declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Nacional y de otros referentes políticos, las libertades que se someten a consideración de los magistrados a causa de la propagación de la pandemia en las cárceles encuentran fundamento en deficiencias estructurales del sistema carcelario y no en el trámite propio de los procesos judiciales. Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial”, asegura el texto, difundido a través de la página web oficial de la asociación. Se trata de una respuesta corporativa a los dichos en tono crítico vertidos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una entrevista televisiva (ver pág. 10).

Y respecto al juicio político -promovido, entre otros por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa- la corporación se manifestó: “En el Estado de Derecho resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados y magistradas que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve”.

“Frente a tal tirantez -prosigue el documento-, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales. Y tal decisión, sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”. Y reiteraron que “es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, el que tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene”.

Días atrás la jueza Ángela Ledesma, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal y una de las motorizadoras de la sugerencia a los tribunales inferiores de otorgar domiciliaria de presos del “grupo de riesgo” había manifestado que el Poder Ejecutivo “no tiene ninguna incidencia en la libertad o en el encierro de las personas. Es algo que depende exclusivamente de la Justicia”. La magistrada sostuvo: “Por eso se requiere de jueces independientes e imparciales que tengan la capacidad de analizar objetivamente cada caso concreto”.

Y aclaró: “Es inevitable que los jueces puedan equivocarse. Puede haber excepciones en casos de delitos graves pero tiene que darse un nivel de vulnerabilidad muy alto sumado a la imposibilidad del Estado de garantizar en prisión los protocolos necesarios para resguardar la salud”.s