Presos: acuerdo en Devoto, a la espera del dictamen de la Corte bonaerense

Mientras se aguarda la resolución del Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Buenos Aires sobre la prisión domiciliaria para presos del “grupo de riesgo” por coronavirus y que ayer tuvo el pronunciamiento del procurador general, Julio Conte Grand, para “dar marcha atrás” con los beneficios otorgados (entre ellos a personas condenadas por delitos graves) los presos de Devoto y las autoridades llegaron a un acuerdo y de momento cesará el conflicto, reportaron despachos de NA y Télam. En tanto en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes -donde el 21 de abril asesinaron a un preso durante represión- algunos internos reanudaron la huelga de hambre ante la falta de respuesta los pedido de prisión domiciliaria por parte del Juzgado de Ejecución de la Condena. “Dicen que carecen de atención médica y medicinas”, agregó una fuente confiable.

MESA DE DIÁLOGO

La mesa de diálogo conformada por autoridades del Gobierno, funcionarios judiciales y presos del penal de Villa Devoto acordaron la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma “integral”, con lo que dieron por concluidas las negociaciones iniciadas el 24 de abril.

En el acta firmada por todos los participantes de la mesa de diálogo, los representantes de los distintos pabellones de dicha unidad se comprometieron a colaborar en las refacciones o remodelaciones edilicias de sus lugares de alojamiento y presentaron un proyecto de “Ayuda Humanitaria” para la confección de productos de higiene y salud por la covid-19.

Tal como lo habían solicitado los presos, en la reunión de ayer estuvo presente el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, quien detalló a los presos los avances logrados con relación a los informes penitenciarios y la revisión médica de la población con riesgo sanitario. También participaron del encuentro el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco.

En la mesa de diálogo hubo representación de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Cnpt), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad) y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), entre otras organizaciones.

ARAKAKI

Julián Arakaki, condenado a prisión perpetua por asesinar en 2012 a su hija de 8 años en la localidad de Martínez y quien fue el primer preso en contraer coronavirus del país, ya fue dado de alta y alojado en el hospital penitenciario de Olmos. El recluso, que el domingo cumplió 50 años, estuvo internado desde el 17 de marzo hasta el martes en el hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde desde la semana pasada le dieron negativo dos tests de covid-19.

Al recibir el alta médica, la jueza de Ejecución Penal 2 de San Isidro, Victoria Elías García Maañon, a cargo del control de su pena, le ordenó al Servicio Penitenciario Bonaerense que vuelva a ser insertado en el sistema carcelario. Por ello, la jueza y las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo a la Unidad 22 de Olmos, que es el Hospital General de Agudos Mixto.

“Como todas las personas convalecientes y que se recuperan de la enfermedad, allí deberá hacer 14 días de aislamiento. Es donde mejor va a estar por sus otras patologías de base”, indicó una fuente judicial.

ESTADÍSTICAS

Al menos el 80 por ciento de las resoluciones tomadas por la Cámara Federal de Casación Penal en la feria judicial extraordinaria por el coronavirus se relacionaron con planteos de libertades y prisiones domiciliarias de detenidos con prisión preventiva. Según estadísticas difundidas ayer por el máximo tribunal penal federal del país, “más del 80 por ciento de las decisiones se tomaron en el marco de causas con personas procesadas (sin condena)”.

Otro 14,7 por ciento de los casos, se trató de planteos de personas condenadas que pidieron arresto domiciliario a raíz de la emergencia sanitaria.

“Si se toma en consideración la etapa del proceso en la cual se realizaron los planteos, sólo dos categorías corresponden a la etapa de ejecución de la pena (“Arresto domiciliario -personas condenadas-” e “Institutos liberatorios del régimen progresivo de ejecución penal”), lo que permite colegir, que más del 80% de las decisiones se tomaron en el marco de causas con personas procesadas”, sostiene el informe.

Entre el 27 y el 30 de abril, ingresaron a las distintas salas del Tribunal 211 causas y se dictaron 136 resoluciones. “El relevamiento efectuado muestra que el total de casos ingresados desde el inicio de la Feria Extraordinaria hasta el 30 de abril, es de 832, mientras que el total de resoluciones dictadas, asciende a 488”, concluyó el documento.

HOSPITALES MODULARES

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, acordaron ayer un plan de reacondicionamiento de espacios existentes en el interior de los establecimientos penitenciarios federales, para transformarlos en centros de aislamiento en el marco del avance de la pandemia de coronavirus.

Los sitios remodelados recibirán “equipamiento técnico” y todo aquello que permita poner en práctica las “medidas sanitarias en cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud” con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del covid-19, según un comunicado.

Los ministros avanzaron, además, “en la posibilidad de incorporar centros de salud modulares de emergencia” en los Complejos Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cárcel de Devoto), el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, el penal de Güemes (Salta), y en la unidad federal de Rawson (Chubut), según se detalló.

“Marcha atrás”

El fiscal General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se expidió en la causa por el habeas corpus colectivo que dispuso los arrestos domiciliarios de presos y pidió a la Suprema Corte revocar el fallo del juez de Casación, Víctor Violini, por el cual se habilitaron esos beneficios. “Para el procurador, se debe dar marcha atrás con los permisos de prisiones domiciliarias”, dijeron fuentes cercanas al funcionario.