La deuda y una instancia crucial

Si no se produce un cambio sobre la marcha (que es muy posible, según las versiones que circulaban al cierre de esta edición) hoy cerra­ría el plazo de negociación para la reestructu­ración de la deuda externa que dispuso el Gobierno de Alberto Fernández, quien se juega en esta instan­cia una carta decisiva, en el aspecto financiero, para encaminar su gestión. El resultado de esta ambiciosa iniciativa marcará, de hecho, el destino del país que arrastra un fuerte endeudamiento combinado con un estancamiento económico, ahora agravado por la pa­ralización del aparato productivo como consecuencia de la emergencia sanitaria. La coyuntura internacio­nal en medio de la pandemia de coronavirus parece obrar a favor de la pretensión de la Argentina, con explícitos respaldos a nivel internacional; sin embargo los guiños positivos sólo computan como expresiones de deseo que no siempre logran perforar el pragmatismo del mercado. 

Los aprontes de los acreedores, especialmente de los bonistas, evidencian que la probabilidad de éxito de la gestión está bastan­te distante del objetivo planteado. 

A principio de esta semana tres grupos de bonistas que concentran casi la mitad de los papeles de deuda que el Gobierno busca reestruc­turar anunciaron oficialmente su rechazo a la oferta, aunque aseguraron estar preparados para negociar. Representan colectivamente un amplio y diverso es­pectro de tenedores de bonos soberanos. Por ahora ese heterogéneo mosaico de acreedores tiene una opinión conjunta, pero podrían cambiar aunque no es lo usual.

Por esta razón en la Casa Rosada analizaban en las últimas horas extender los plazos de negociación con grandes fondos de inversión, mientras acuerda cierres parciales con bonistas que ya aceptaron las condicio­nes del canje, porque hay acreedores que sí están dis­puestos a la reestructuración de la deuda. Son peque­ños grupos de inversores, pero siempre es mejor tener definido el convenio con este segmento. 

En su oferta, la Argentina se fijó como condición conseguir el 65% de aceptación de todos los bonis­tas. Todavía falta bastante para eso. Con los grandes fondos se podría extender las tratativas hasta el 22 de mayo, donde se definirá si Argentina entre o no en de­fault, por el no pago de los intereses de los bonos Glo­bales, que vencieron el pasado 22 de abril.

Hoy se sabrá cómo sigue el trámite. Según la medida que adopte la administración de Fernández se podrá vislumbrar el futuro; si prorrogan el plazo significa que el plan está verde y será una señal determinante para el mercado.

¿Qué es lo que propone Argen­tina? Una reducción del 5,5% del capital de los bonos y una reduc­ción del 62% de los pagos de in­tereses, con un período de gracia de tres años. Es decir, comenzar a pagar en 2023, cuando termine el mandato de AF. Incluye además canje de bonos con nuevos títu­los, pero con vencimiento hasta el 2040. 

“No estamos pidiendo a nues­tros acreedores que pierdan, sino que ganen menos”, dijo el minis­tro Martín Guzmán, quien hasta el presente sólo ha estado enfocado en la deuda. Para él también corre el resultado de esta gestión pues sobre cuestiones generales de la economía nacional no mos­tró ninguna intervención decisiva.

La reestructuración del endeudamiento es crucial, y además urgente, así lo entienden quienes se manifes­taron en respaldo de la Argentina, por ejemplo el FMI, el Club de París, incluso un grupo de economistas de renombre mundial. Fronteras adentro también hay apoyo unánime y es lógico que así suceda. Pero una cosa son los buenos deseos y otra, muy distinta, la rea­lidad para negociar. Lo que no significa que el reclamo no sea justo, pero el mayor riesgo es que el tema de la deuda se “malvinice”, como advirtió el inefable Jorge Asís.