Jueza que soltó a preso que robó dijo que la tobillera “no era necesaria”

Dos de los tres detenidos por asaltar una casa en el partido de Ituzaingó, a la que ingresaron tras romper la puerta a mazazos y ame­nazaron con armas a una familia para robarle dinero, habían sido beneficiados días atrás con prisiones do­miciliarias por el coronavi­rus, consignó ayer un des­pacho de Télam. Este diario había consignado en su edi­ción de ayer que fuentes ex­traoficiales habían señalado que al menos uno de los su­jetos había sido beneficiado con la salida de la cárcel en el marco de la pandemia y que desató polémica me­llando el consenso obte­nido por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria y provocando roces entre los poderes del Estado. 

Según el despacho, uno de los hombres detenidos fue identificado como Eduardo José Magri, de 34 años, quien gozaba de una prisión domi­ciliaria otorgada por la jueza de Ejecución Penal de Quil­mes, Julia Márquez, a quien ayer una abogada platense (Rocío Tristán) formuló un pedido de juicio político, in­formó el medio bonaerense InfoCielo. El otro apresado se llama José Rodríguez Ba­ringa, de 36 años, quien aca­baba de salir de la Unidad Carcelaria de Magdalena.

Ayer a la mañana, la ma­gistrada Márquez aseguró a la prensa que le concedió ese beneficio a Magri por­que padecía tuberculosis y formaba parte del grupo de riesgo por posible contagio de covid-19 pero admitió que no solicitó que le pusie­ran una tobillera electróni­ca para poder monitorearlo porque pensó que “no era necesario”. “Se dispuso por el peligro de contagio, era un paciente de riesgo porque tenía tuberculosis. Ade­más, le faltaba poco para que venciera la pena, ya que el 25 de noviembre se cumplía”, dijo al canal América 24. La jueza fue quien generó una fuerte polémica cuando a prin­cipios de mayo cuando ad­mitió que en la provincia de Buenos Aires habían sido excarcelados 176 abusado­res sexuales por el corona­virus citando un informe de la Cámara de Casación Pe­nal de Buenos Aires, infor­mación publicada por este matutino. Luego la cifra fue desmentida por el miembro de la Cámara, Daniel Carral, quien integra el cuerpo con el también polémico juez Víctor Violini, quien liberó presos al aceptar un habeas corpus colectivo que luego fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia bonae­rense. 

Fuentes policiales ase­guraron que Magri tenía antecedentes penales por tentativa de robo en abril de 2013, robo en tentativa en septiembre de 2011 y, por último, un robo simple de marzo de 2014. El preso estaba alojado en la Unidad Carcelaria de Azul y el 20 de abril recibió el beneficio de prisión domiciliaria por parte de la jueza Márquez, menos de un mes después volvió a quedar detenido por haber participado de un violento robo donde emplearon martillos y una picana. “Parecía lógico man­darlo a la casa porque era un paciente de riesgo”, argu­mentó la magistrada quien admitió que supuso que el detenido iba a “apegarse a las resoluciones”. “Estuvo más de seis años presa, sale y no dura ni un mes en la ca­lle”, se lamentó, tras lo cual agregó que no solicitó que se le pusiera tobillera elec­trónica para poder monito­rearlo “porque estaba muy próximo al vencimiento de la pena”.

En tanto, el detenido Ro­dríguez Baringa tenía ante­cedentes por robo agravado por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condi­cional. Baringa había sido beneficiado con prisión do­miciliaria el 8 de abril, tras estar alojado en la Unidad 28 de Magdalena.

El tercer detenido fue identificado como Luis Al­berto Busto, de 37 años, quien también tenía ante­cedentes por robo calificado por el uso de arma de octu­bre del 2011, robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil y abuso de arma de fuego de uso civil.

Los tres detenidos fue­ron llevados ayer maña­na ante el fiscal Patricio Ventrichelli,pero Rodríguez Baringa y Busto se negaron a declarar, mientras que Magri dijo que había sido “obligado”.