Recomiendan dar domiciliarias a los detenidos en la Gendarmería
El fallo beneficia a quienes están en el escuadrón de Paso de los Libres. Se fundamenta en la superpoblación carcelaria en época de pandemia.
La Cámara de Apelaciones de Corrientes ordenó descomprimir las celdas del Escuadrón 7 de la Gendarmería Nacional en la ciudad de Paso de los Libres y recomendó a los magistrados que tienen a cargo las causas en las que están involucrados estos detenidos; que analicen la posibilidad de otorgarles los beneficios de detenciones domiciliarias o liberaciones.
La resolución firmada por el juez en feria de ese cuerpo judicial, Ramón Luis González, apunta a evitar focos de contagio de coronavirus en los centros no carcelarios de detención, al tiempo que se busca descomprimir la situación carcelaria en el contexto de causas federales.
El Tribunal de Alzada resolvió entonces “recomendar a los magistrados a cuya disposición se encuentran los internos del Escuadrón 7 de Paso de los Libres, que adopten las medidas tendientes a descongestionar dicho establecimiento teniendo en cuenta para ello los parámetros dados por la Cámara Nacional de Casación Penal”.
Estas acordadas indican, que aquellas personas que están en el grupo de riesgo de contagio, los que son sospechosos de delitos no violentos y cuando no exista peligro de fuga, podrían ser beneficiados con regímenes de detención atenuados.
La disposición es en respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria Nacional. La institución que vela por las condiciones óptimas de detención en instituciones federales y alertó que el edificio de la Gendarmería Nacional de Paso de los Libres tiene capacidad para alojar hasta 6 personas, pero en la actualidad hay 26 detenidos en ese lugar.
HÁBEAS CORPUS
La acción de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) surgió luego de una inspección a la sede de la fuerza de seguridad realizada por el representante de la institución, Oscar Zacoutegui, quien advirtió escasas condiciones de habitabilidad en esa dependencia.
Allí están alojadas personas que están en prisión preventiva en el contexto de causas que aún están en etapa de investigación.
Ante la situación de inhabitabilidad, la PPN recurrió a la Justicia Federal en una acción sustentada sobre la base de los hechos: hacinamiento, falta de entrega de elementos de higiene, escasez de agua potable, mala calidad de los alimentos, condiciones pésimas de sanitarios y celdas deterioradas en la sede de la fuerza de seguridad.
En respuesta a esto, un juez federal de primera instancia resolvió ordenar al Servicio Penitenciario Federal a disponer el traslado de los detenidos a otras cárceles del país, al tiempo que ordenó a la Gendarmería a realizar acondicionamientos en el edificio para que se posibilite “un trato digno” a los detenidos.
Pero el Servicio Penitenciario Federal se negó a realizar esas traslaciones al sostener que “los traslados y realojamientos deben ser planeados respetando el nivel de adhesión y avance en el tratamiento a través del régimen progresivo alcanzado por cada interno”.
La negativa fue fundamentada también en que “en la situación actual debe primar la salud no sólo del colectivo accionante sino de todos los internos y que no será posible realizar el traslado de los detenidos en lo inmediato”.
DETENCIONES DIGNAS
En respuesta a los planteos, la Cámara de Apelaciones de Corrientes sostuvo que “el digno trato no puede quedar pospuesto con la excusa de dificultades presupuestarias por parte del Estado y en cuanto a la superpoblación carcelaria estima que tiene su origen en una legislación no adecuada en materia de excarcelaciones y penitenciaria”
Los jueces consideraron la situación edilicia de la dependencia perteneciente a la Gendarmería, que carece de condiciones de habitabilidad y que las otras unidades de la misma fuerza no tienen espacio para redistribuir a los detenidos. Pero, al mismo tiempo, tomaron nota que el Servicio Penitenciario Federal carece de lugares para los traslados, al tiempo que estos cambios de lugar pondrían en riesgo la salud de los detenidos -y de los agentes- por la pandemia de coronavirus.
Consideraron entonces que los jueces federales de primera instancia deberían tomar medidas que otorguen respuestas al problema de la habitabilidad sin afectar el desarrollo de las causas en trámite y los derechos de los imputados.
Ante esto, instó a que se tomen las recomendaciones desarrolladas por la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación en relación a otorgar detenciones domiciliarias y excarcelaciones a los imputados