¿Los jubilados son prioridad?

El aumento salarial del 6,12% para el trimestre junio, julio y agosto, que dispuso la adminis­tración de Alberto Fernández para los jubila­dos y pensionados nacionales, no sólo instaló otro malestar en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, además profundizó la creciente e in­quietante percepción de que se toman decisiones discrecionales, a contrapelo de la legalidad; y lo más grave, terminó desbaratando el discurso -tanta veces repetido- de que las medidas apuntan a aliviar la afli­gente situación de los más necesitados. Para la escala más baja de la clase pasiva (que constituye la mayoría) el incremento de haberes representará $1.000. Desde junio pasarán a cobrar $16.800 ¿se puede vivir dignamente con esa suma mensual?

Según el Indec una familia tipo necesitó en abril $41.490 para no caer en la pobreza. El límite de la indigencia fue de $17.353. Con este parámetro todos los jubila­dos de la mínima se encuentran en el segmento de la indigencia. Aproximadamente son 3 millo­nes de jubilados y pensionados nacionales. No es novedad que cobran poco. Una miseria si se compara con los sueldos que se pagan en el Estado a los cargos políticos. 

La postergación para la denominada clase pasiva viene de arrastre. Se sabe es consecuencia del déficit del sistema previsional que tiene más beneficiarios que aportantes, pero la inequidad se ha vuelto todavía más ingrata con las últimas medidas de Fernández, que si bien dice tener como prioridad la asistencia a los más vulnerables no parece contar dentro de ese sector a los jubilados.

Se advierte cierta miopía en la mirada de la Casa Rosada a la hora de calificar quienes se encuentran en estado de emergencia. Los recursos siempre están dirigidos a los beneficiarios de los planes sociales, y no está mal que así sea, pero resultaría saludable que desde el poder alguna vez se comprenda que los adul­tos mayores enfrentan una urgencia constante. Es el apremio natural de la carrera contra el tiempo.

Hay una falsa presunción que manejan los que go­biernan quienes consideran que al tener una entrada segura por mes, los jubilados están en mejores condi­ciones -por ejemplo- que los desocupados, las madres prolíficas, los jefes de familia sin sustento, que más de las veces son planeros eternos y destinatarios segu­ros de cuanta ayuda disponga el Estado en cualquier circunstancia. La coyuntura actual así lo demuestra ¿cuántos programas de asistencia se definieron para los abuelos más allá del bono paupérrimo que dieron a principio de año y que para colmo lo cuentan como engorde del salario?

Desempleados de toda laya, mo­notributistas, pequeños y grandes empresarios, quien más quien menos todos tuvieron una línea de dónde prenderse para amorti­guar los efectos de la pandemia ¿y los jubilados? Remedios gratis en el Pami.

El 6,12% que definió el presi­dente Fernández se vuelve una afrenta no solamente porque tie­ne gusto a poco, sino porque priva a los jubilados (a todos no sólo a un sector) de recibir lo que está es­tipulado por ley del Congreso de la Nación. Además la forma en que se decide este porcentaje es igualmente urticante. Se fijó por decreto. Cualquier parecido con la arbitrariedad no es pura casualidad.

Es verdad que la ley de Movilidad ha quedado sus­pendida (por 180 días) por una ley de emergencia que prometía corregir las inequidades para la clase pasiva, pero nada de eso sucedió. Según la movilidad en mar­zo debían tener un aumento del 11,56% y en junio del 10,09%. A cambio les dieron -primero- 2,3% más una suma fija de $1.500. Y ahora 6,12%. También recibie­ron un bono, que se volverá a repetir.

Desde el Gobierno justifican que este aumento le ganará a la inflación del semestre. Puede ser, pero ¿al­canza?