El Gobierno prorrogó prohibición de despedir a los trabajadores
Es por 60 días. En caso de cesantía se debe ir a juicio y el resultado será la reinstalación y pago de salario durante el tiempo que no se cobró.
El Gobierno nacional decidió el lunes último prorrogar por 60 días el decreto que prohíbe a empleadores efectuar despidos y aplicar suspensiones, las que sólo se podrán aplicar si se hacen de mutuo acuerdo entre las partes.
Según se informó oficialmente, en el marco de la emergencia sanitaria el presidente Alberto Fernández extendió el plazo por el que se bloquean los despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
Se impide la posibilidad de efectuar suspensiones con las mismas causales, salvo que sean pactadas en forma individual o colectiva y homologadas por la autoridad de aplicación, según lo establece el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
“Aquellos despidos o suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto por este decreto no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”, señala la disposición firmada por el Jefe de Estado.
El 1 de abril entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 329 firmado por Fernández, que prohibió a empresarios realizar despidos.
En aquel momento, para tomar la medida, el Ejecutivo señaló que ante la crítica situación generada por la pandemia de coronavirus, “resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo”.
En paralelo con esa medida, el Gobierno adoptó una serie de disposiciones para paliar los efectos del parate económico como consecuencia de la cuarentena.
Entre esas medidas, impulsó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) consistente en una suma de 10 mil pesos para todos los trabajadores informales y que por la cuarentena estaban imposibilitados de realizar tareas.
En paralelo, y aunque todavía tiene un mes de margen, el Gobierno analiza extender hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de servicios públicos dispuesto en diciembre como parte de la ley de Emergencia Económica. Será una prórroga por otros 180 días, anticiparon en el entorno de Alberto Fernández.s