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El riesgo del Estado inflamado

Fue el Gobierno el que “apagó” la economía. No lo decidieron las em­presas. Intentar cobrar­se con acciones la ayuda brindada es impropio de un Estado sano.

La pandemia de coronavirus obligó a casi to­dos los gobiernos del planeta a tomar medi­das para sostener sus economías, seriamente afectadas por las cuarentenas que debieron implementarse para proteger a la población. Aquí, en la Argentina, comenzó el 20 de marzo con la denomi­nación de aislamiento social y significó “desenchufar” la producción, el comercio y los servicios. Luego, con la extensión de la restricción y el agravamiento del cua­dro económico empezó la asistencia oficial (a través de diversas líneas y a distintos actores), ayuda financiera que todavía sigue y es motivo ahora de un incipiente debate por la urticante propuesta del kirchnerismo de convertir al Estado en socio/accionista de las empresas por la ayuda prestada. 

La idea fue presentada por la diputada nacional Fernanda Va­llejos (ultra K), quien propone que el Estado nacional se quede con acciones de las empresas priva­das a las que ha brindado asisten­cia económica en el marco de la emergencia sanitaria. Algunos ya salieron a dar su consentimiento y pretenden llevar la discusión al Congreso de la Nación.

El presidente Alberto Fernández todavía no se expre­só al respecto, y es lógico que así sea, el hombre está (o debería estar) más preocupado en sofocar la urgencia de la pandemia antes que en pergeñar maniobras de avance sobre la propiedad privada, aprovechando la coyuntura de excepción que le da al Estado un poder omnímodo. Sin embargo en su elenco ministerial, y por supuesto también en la heterogénea conformación le­gislativa comandada por La Cámpora, hay actores dis­puestos a redoblar el paso con el mencionado proyecto.

Uno de ellos es el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el primero en expresarse en coincidencia con la iniciativa de Vallejos; igual que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Son los partidarios del Estado “infla­mado”.

Al respecto se ha publicado una muy ilustrativa nota de opinión en el diario digital Infobae, con las firmas de dos abogados (Jorge Daniel Grispo y Martín Tirini), quienes describen con acierto el absurdo de un mode­lo político/económico que pone piedras en el camino de las empresas que buscan mantenerse a flote, o en el peor de los casos intentan compartir la propiedad.

Ciertamente el tema está en discusión en algunos países (Francia, Inglaterra), pero eso no supone luz verde para que en la Argentina el Estado se quede con acciones de las empresas privadas a las que asiste con el pago del 50% de los sueldos de sus empleados. Asistencia ex­traordinaria que se implementó forzadamente en medio de una cuarentena (dispuesta por el mis­mo Gobierno) por una situación de emergencia sanitaria. Emergencia que en algunos distritos del país ha comenzado a tomar forma de catástrofe. 

Las empresas -grandes o peque­ñas- que recurrieron a la ayuda del Estado lo hicieron por una de­bacle económica de la que no son responsables de ninguna manera. Desvirtuar el origen del problema y a caballo de este enfoque imponer condiciones para obtener bienes aje­nos es, cuanto menos, una desfachatez. 

Fue el Gobierno el que “apagó” la economía obligan­do a bajar las persianas. No lo decidieron las empresas. Ahora, intentar cobrarse con acciones la ayuda que está brindando a pura emisión de billetes (lo que redundará en puro déficit fiscal) es impropio de un Estado sano. 

Hasta países ultra liberales como Estados Unidos que emitieron cheques a los ciudadanos en un intento por paliar la catástrofe que generó la pandemia. A nadie se le ocurriría quedarse con la casa, el auto o compartir la propiedad de esos bienes por la asistencia que le dio el Estado. ¿No será ese el próximo paso en Argentina?