El default está confirmado

Ayer a las 18 (17, hora de Nueva York), al no efectuar el pago de intereses por 503 millo­nes de dólares correspondientes a los bonos Global AA21, AA26 y AA46 vencidos el 22 de abril, la Argentina entró nuevamente en default, el noveno en su historia. Estaba previsto. Aunque resulte extraño, y hasta difícil de explicar, el Gobierno Nacio­nal no tomó ninguna medida para evitar el incumpli­miento. Según parece es parte del proceso estipulado para desembocar en la negociación global de la deuda con los acreedores, aunque esta conducta desacredite los dichos del presidente Alberto Fernández quien pre­tende edificar una nueva imagen del país hacia el mundo.
Justamente, un día antes, el Jefe de Estado señaló que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cum­ple sus compromisos”. Lo dijo en Santiago del Estero, donde estuvo de visita. Al referirse a la renego­ciación de la deuda externa que lleva adelante su administración, aseguró que buscará alcanzar esa meta, pero “sin que eso signifique una nueva postergación de nues­tro pueblo”.
Como discurso suena bien, pero la realidad es bas­tante más compleja y no siempre se rinde ante los de­seos, por muy buenos que sean. Usualmente los deu­dores tienen este tipo de problemas. Y Argentina, la­mentablemente, se encuentra en esta nómina: deudor y desde ayer, moroso. 
Con el nuevo incumplimiento está técnicamente en cesación de pagos (default), lo que no constituye preci­samente un antecedente favorable. Por eso el Gobier­no decidió acelerar los tiempos para evitar demandas judiciales y sanciones, y alcanzar lo antes posible un acuerdo con los acreedores para reestructurar más de 66.000 millones de dólares. 
Lo que quizá no pueda evitar es que las calificadoras de riesgo coloquen al país en default selectivo, aunque en el actual contexto de pandemia y crisis global ten­drá pocas consecuencias. En definitiva, si el Gobierno logra antes del 2 de junio un acuerdo con los bonistas -o avanza en el diálogo que haga presumir el cierre de las negociaciones- evitará que se active la cláusula de “cross default”, que habilita a todos los acreedores a re­clamar el pago de la deuda total. 
Sin embargo, para eso, los acreedores deberán conse­guir al menos una coincidencia del 25%, cuestión que, por el momento, aparece muy lejana, pues los principa­les fondos de inversión dieron señales de estar en vías de un acercamiento. 
El jueves, el Ministerio de Eco­nomía emitió un documento por el cual anunció la extensión de las negociaciones hasta el 2 de junio, aunque admitió que el acuerdo po­dría alcanzarse antes de esa fecha o con posterioridad. Ese mismo día, durante su incursión por Santiago del Estero, el presidente Fernández manifestó su molestia con la pren­sa y aseguró que la Argentina está en default “desde hace meses, des­de antes de diciembre. Sólo que no lo escriben. Lo ocultan”, dijo.
Por su parte, el ministro de Eco­nomía, Martín Guzmán, admitió que las negociaciones están en un “sendero positivo”, pero advirtió que hay “una importante distancia” con el reclamo de los acree­dores. Ayer, apenas se conoció el nuevo diferimiento del plazo para negociar la reestructuración, un grupo que representa un sector de los bonistas (y que lleva la voz cantante) pidió diálogo franco. 
A toda velocidad, en el Palacio de Hacienda están preparando una nueva propuesta para presentar a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC), luego de las tres contraofertas elaboradas por los bonistas. Según trascendió en el mercado financiero, el Gobier­no ofreció a los fondos un canje de 40 dólares por cada cien y los bonistas replicaron con un promedio que os­cila entre 52 y 60 dólares.