El Gobierno firma acuerdos de confidencialidad con bonistas

Una vez más Argentina entra en default, o cualquier otra palabra que se quiera inventar para decir que no estamos en default, y la culpa dicen que es de los acreedores. Los popu­listas suelen decir que no se va a pagar la deuda con más ajus­te y sufrimiento del pueblo. En rigor, esos mismos populistas fueron los que endeudaron a la Argentina para financiar sus políticas populistas y tratar de ganar votos.

El fondo del problema es que Argentina es como ese jefe de familia que gasta compulsivamente usando la tarjeta de crédito hasta que un día se agota el cupo de financiamiento. Cuando llega el momento de pagar, no tiene ni ingresos ni activos para vender y cancelar su deuda y culpa al banco por haberle prestado. Es cierto que parte de la culpa es del acree­dor por no haber analizado la capacidad de repago que tenía el deudor, pero eso no quita que el deudor no sea un gastador compulsivo, que gasta permanentemente por encima de sus ingresos.

En definitiva, el problema de la deuda pública argentina y su imposibilidad de pago tiene que ver con un Estado que gasta más de lo que le ingresa en impuestos. Los gobiernos argentinos han recurrido a todo tipo de financiamiento. Au­mentos de la presión impositiva, endeudamiento interno, endeudamiento externo y, por supuesto, el impuesto infla­cionario que terminó destruyendo 5 signos monetarios, te­niendo en cuenta que el peso actual no sirve como moneda.

Según el registro del Banco Central se firmaron 29 acuer­dos con el FMI durante gobiernos de distintos signos políti­cos; 9 fueron de gobernantes del PJ: es decir, el 31% del total de los acuerdos firmados desde que Argentina ingresó al FMI en 1956, los tomaron gobiernos peronistas. Por montos, el de mayor volumen fue el de Mauricio Macri, que llegó a un acuerdo de 40.714 millones de derechos especiales de giro (DEG), de lo cuales fueron desembolsados 31.913 millones de DEG contra los 19.420 millones que obtuvo el PJ. Estos da­tos son en valores corrientes, si se los ajusta por inflación de EE.UU., la diferencia en términos reales está en el orden del 30% a favor de PJ. Así que el PJ no puede señalar con el dedo a otras fuerzas políticas y a los militares por los acuerdos con el FMI porque fue el partido político que más acuerdos firmó con el organismo, y por montos que se ubican en segundo lugar luego del de Macri.

Pero en todo caso, las deudas que toma­ron los diferentes gobiernos con el FMI fueron para salir de situaciones críticas por desajustes fiscales, a lo que hay que agregarle la deuda colocada en el mer­cado voluntario. 

El punto a tener en cuenta hacia el fu­turo no es si Argentina vuelve a caer en default. El punto a debatir es por qué siste­máticamente Argentina cae en default y, además, destruye su moneda, confisca ahorros internos como fue el plan Bonex, pesifica los depósitos en dólares y confisca los ahorros en las AFJP como ocurrió durante el gobierno de los Kirchner.

La historia argentina es de continuos déficits fiscales pro­ducto de aumentos del gasto público para hacer populismo. Ese aumento del gasto público se disparó a partir del 2003 y en particular en el 2007 generando 17 puntos de aumento del gasto sobre el PBI respecto a los promedios de los ‘80 y de los ‘90 cuando, con un gasto público consolidado menor, tampoco se pudo financiar sin entrar en déficit fiscal.

¿Si Argentina entra nuevamente en default, se frenan las inversiones? No, porque la tradición de inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es tan marcada en nuestro caso, con el Estado que castiga al que produce como si fuera el enemigo, que ya con la presión impositiva vigente es im­pensable atraer inversiones. Si a eso se le suma la maraña de regulaciones que frenan las inversiones y encima tenemos a diputados aplicando el impuesto a las “grandes fortunas” o proponiendo estatizar parte de las empresas que recibieron ayuda del Estado, ayuda que recibieron porque fue el mismo Estado el que les dijo a las empresas que no podían trabajar, pero igual tenían que seguir pagando los sueldos y no podían echar a nadie, el cocktail antiinversiones es gigantesco y nos condena a la pobreza.

La tradición de inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es tan marcada en nuestro caso, con el Estado que castiga al que produce como si fuera el enemigo, que ya con la presión impositiva vigente es impensable atraer inversiones. En definitiva, no va a ser el default el que nos lleve a sumergir­nos en una mayor decadencia, sino que son las reglas de juego de un populismo que, para captar votos, destroza la eco­nomía y empobrece a la gente.

Cuando los políticos dicen que no se puede pagar la deuda pública con el hambre del pueblo, en rigor no dicen que el hambre del pueblo no se produce por la deuda que toma el Estado, sino que se produce por sus políticas pro cultura de la dádiva y contrarias al que trabaja, emprende, arriesga y genera riqueza.

La pobreza de la gente es la estrategia política del populis­mo para mantener clientelismo y la deuda es consecuencia del gasto desmesurado para darle pan y circo, durante un tiempo, a ese pueblo que cada vez depende más del Estado para recibir una limosna. s