El modelo de la dependencia

Las cuentas del Estado Nacional cerraron en abril con un déficit primario de $228.821 mi­llones y un resultado financiero deficitario por $266.049 millones tras el pago de $37.227 mi­llones en concepto de intereses de la deuda pública. Con independencia del componente de la deuda, la ci­fra representa casi el doble (96,8%) del rojo registrado en marzo que fue de $166.305 millones. El considera­ble crecimiento del gasto público se debe a las medidas que tomó el Gobierno para atender la emergencia por la pandemia de coronavirus, no obstante hay razones de fondo que explican mejor el deficitario resultado fiscal. Una nota negativa que viene desde hace mucho tiempo en la Argentina y que se acentuó en esta coyuntura.

La postración económica del país se debe a la pandemia no al aislamiento, dijo ayer, palabras más, palabras menos, el presi­dente Alberto Fernández en el marco de la tácita pulseada que viene librando con algunos sec­tores políticos y empresarios para justificar la prolongación de la cuarentena. El razonamiento que hace el mandatario encierra una verdad a medias. La crisis se fun­da en factores estructurales cuya presencia son anteriores a la llegada del Covid-19 a la Argentina. La emergencia sanitaria ofició de acelera­dor del desequilibrio.

En marzo, la cuarentena que obligó a cerrar todo y apagar la economía sólo tuvo incidencia durante once días, es decir apenas un tercio de un mes que cerró en rojo. En abril, sin embargo, el aislamiento fue total y eso sí aceleró el gasto público. Mayo seguramente ten­drá un resultado muy parecido. 

El déficit extra está justificado, pero eso no disimula el problema de fondo que es el causante del rojo que se encadena en las cuentas públicas desde hace varios años. La administración de Alberto Fernández hizo poco para resolver la cuestión aunque a su favor hay que reconocer que en casi seis meses de gestión la mi­tad del período ha tenido que lidiar con la pandemia.

La situación ya era compleja cuando llegó Fer­nández a la Casa Rosada y hoy es todavía más grave. “Nueve de cada diez argentinos reciben algún tipo de ingreso del Estado, ya sea por el Ingreso Federal de Emergencia, por salarios del Estado, por jubilaciones, por AUH o por recibir créditos a tasa cero para la pro­ducción”, enumeró ayer el ministro Matías Kulfas en una videoconferencia con senadores.

Es posible que los números que dio Kulfas estén un poco inflados, pero la percepción de la realidad no es muy lejana del hecho de que el Estado es hoy el prin­cipal sostén de una enorme porción de la sociedad. Y está bien que así sea en la emer­gencia. El problema (de fondo) es que esta relación de dependencia sea la normalidad. Y esto era lo que sucedía antes del coronavirus.

Peor todavía, por muy agorero que parezca todo hace presumir que la alta dependencia se ha acentuado y seguirá una vez ter­minada la pandemia, que por aho­ra no tienen fecha de terminación.

Corrientes es un buen ejemplo de cómo el Estado, en este caso el Estado nacional, constituye el estante donde se apoya gran par­te de la población para subsistir. Con poco más de un millón de habitantes, el 40% de los correntinos están atados a los beneficios del Gobierno central. A saber, 148.000 jubilados y pensionados; 69.000 pensiones no contributivas; 136.000 niños y niñas beneficiarias de AUH, 2.900 AUE, 82.000 asignaciones familiares. 

Esto sin contar los que también tienen tarjeta ali­mentaria o son beneficiarios de otros programas asis­tenciales. Además la mitad de los asalariados del sec­tor privado recibieron asistencia a través del Programa ATP, unas 34.000 personas.

Hay que sumar al listado a estatales y jubilados pro­vinciales. El Estado es en definitiva el único sostén. Y este modelo (que se replica en todo el país) es la razón de la crisis más allá de la pandemia.