Informante prófugo decidió ponerse a derecho: “No estaba amenazado”

Luego de haber sido detenido en Ita­tí, Alejandro Daniel Rodríguez debería presentarse ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, subrogante en el Juzgado Federal 12 de la Caba. Para ello debería ser trasladado desde Corrientes a la capital del país, pero ese viaje está supedi­tado a la logística de la PFA, ya que se debe contar con medidas de seguridad sanita­rias especiales, para preservar la salud del imputado y de los agentes, atento a la epidemia del covid-19. Por la circulación del virus, además, la actividad judicial está paralizada, por ello aún no será posible que declare.

Mejicanear: asaltar a los contrabandistas, despoján­dolos de la mercancía. Trai­cionar a los cómplices, es la definición de la Academia Porteña del Lunfardo, no oficializa el término en la lengua española, pero alcan­za para sintetizar los hechos por los que Alejandro Daniel Rodríguez fue requerido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la Pro­curación de la Narcocrimi­nalidad.

La sospecha es que el itateño, de 38 años, habría colaborado con las organi­zaciones comandadas por Federico Sebastián “More­nita” Marín y Carlos “Cacho” Bareiro, para trasladar cargas de marihuana desde el Pa­raguay a la zona ribereña de la provincia de Corrientes, cerca de la localidad de Ita­tí, pero surge del expediente que los habría traicionado, y se ocultó, supuestamente para evitar represalias.

Su nombre está escrito 54 veces en el auto de im­putación resultante de una investigación por narcotrá­fico, quizá una de las más importantes en volumen y cantidad de involucrados en la historia judicial del país: la causa denominada Sapu­cay. Actualmente algunos de los imputados son juzga­dos en Buenos Aires, otros, acordaron penas de entre 3 y 12 años de prisión; y existe quienes fueron sobreseídos.

El expediente lleva en la portada el número 3002/2017. La Procuración de la Narcocriminalidad validó esas averiguaciones realizadas por las fuerzas de seguridad relacionadas con la supuesta participación de Rodríguez en el tráfico de grandes cantidades (sospe­chan que hasta 15 toneladas semanales) de Cannabis, desde Paraguay a 7 provin­cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Pero además consta allí que el mismo hombre se ganó la confianza de dos oficiales de la Policía Federal, a quienes les habría vendido informa­ción respecto de las activida­des de sus jefes, a cambio de una parte de la mercadería que luego sería incautada en operativos, los que, oportu­namente, serían clandesti­nos.

Lo que interpretan los funcionarios judiciales es que se trata de un doble agente. Un “buche”, en la jerga policíaca. No pudo ser hallado aquel 14 de marzo de 2017 cuando ordenaron de­tenerlo, y por ello existía un pedido de búsqueda y deten­ción. El miércoles pasado se puso a derecho al presentar­se, junto con el abogado Au­gusto Nino Arena, ante las autoridades judiciales, con la intervención de la Policía Federal.

El doble rol que, según el expediente, tenía Rodríguez, generó suspicacias respecto de las razones por las que de­cidió ponerse a disposición de la Justicia. Una de ellas es que había sido amedrentado por sus ex cómplices narcos, que ahora están detenidos.

“Quiero negar rotunda­mente las amenazas hacia el señor Rodríguez. Nunca fue amedrentado ni amenazado de muerte, eso es una men­tira”, manifestó a NORTE de Corrientes el letrado.

“El señor Rodríguez se comunicó conmigo hace un mes y le recomendé que se ponga a derecho, porque es inocente. Me contó que se hallaba en Itatí, en la casa de su madre”, contó. El letrado fue hasta esa localidad y se entrevistó con él. “Luego de hablar con mi defendido co­muniqué a la Policía Federal que tenía intenciones de po­nerse a disposición de la Jus­ticia, y fue así que se informó el hecho al Juzgado. Los efec­tivos fueron hasta el lugar y así se puso a derecho”, deta­lló Arena.

“Es necesario aclarar que Rodríguez se entrega por consejo de la defensa y no porque estaba cercado, aco­rralado ni investigado, esto es falso. No hay peligro de fuga, porque se entregó”, remarcó.s

EFECTIVOS DE LA POLICÍA FEDERAL SE MOVILIZARON A ITATÍ Y ARRESTARON AL SOSPECHOSO. VIAJARÁ A BUENOS AIRES.

Informantes que cobrarían con marihuana

El expediente del operativo Sapu­cay expone hechos que pueden resul­tar propios de una película policial o, bien, de una entretenida serie. Según el Ministerio Público Fiscal Federal, los acontecimientos son veraces. Y es que, según esto, en Itatí, supuestamente, los policías pagaban con droga los da­tos que les brindaban sus informantes. Esto surge de los cruces de llamadas de los sospechosos de intervenir en las actividades de narcotráfico con al menos un efectivo de la Policía Fede­ral, que organizaría con integrantes de algunas bandas narco el robo de mate­rial estupefaciente de otras organiza­ciones. Parte de esa droga “incautada” luego las comercializaría para obtener rédito económico.

Algunos de los acuerdos con los narcos consistían en que se brinde in­formación respecto a la ubicación de estupefacientes. Entonces se acorda­ban actividades tendientes a robar esos paquetes y luego venderlos, pues nadie los reclamaría. En estas acciones esta­rían involucrados un oficial de la PFA, Víctor López, y un subcomisario, de la misma fuerza, Rubén Ferreyra; ambos actualmente son juzgados por el Tribu­nal Oral Federal 3 ubicado en Comodo­ro Py 2002.

“Al margen de desplegar presuntas operaciones de tráfico ilícito con Víc­tor López, también trataban, aparen­temente, de sustraerle material estu­pefaciente a otros sujetos que también se dedicaban a las mismas maniobras delictivas”, dice el expediente