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IMPUTADO POR EL OPERATIVO SAPUCAY

Suspendieron el traslado de un detenido a raíz de la cuarentena

El sospechoso no viajará a Buenos Aires y declarará en Corrientes.

La causa Sapucay se inició en 2014 con una investigación para determinar cómo se abastecían de ma­rihuana las bandas narco de la Ciudad de Buenos Aires. Así descubrieron que había organizaciones en Corrientes que enviaban ese estupefa­ciente a esa ciudad y a otras siete provincias. En 2017 el juzgado interviniente ordenó la detención de 36 sospechosos, algunos de ellos funcionarios políticos y otros de fuerzas de seguridad, pero no hallaron a Alejandro Rodríguez.

Un hombre que se puso a disposición de la Justicia el miércoles pasado, debi­do a que está sospechado de haber participado en organizaciones de nar­cotráfico que distribuían grandes cantidades de es­tupefacientes desde Itatí a otras siete provincias y la Ciudad Autónoma de Bue­nos Aires, deberá declarar por teleconferencia en Co­rrientes ante el juez Rodol­fo Canicoba Corral, quien lleva adelante las investi­gaciones de la denominada “Causa del Operativo Sapu­cay” que tiene 103 implica­dos, algunos de ellos, aún prófugos.

Se trata de Alejandro Da­niel Rodríguez, quien esta semana se presentó junto al abogado que lo representa en la Delegación Corrien­tes de la Policía Federal Argentina, después que se lo declaró prófugo en mar­zo 2017, cuando se realiza­ron 44 allanamientos y se detuvo a una treintena de sospechosos en la localidad de Itatí. 

“El señor Rodríguez de­clarará vía remota desde el lugar en el que está deteni­do en forma preventiva y lo hará junto al abogado que lo representa”, dio a cono­cer una fuente judicial.

En tanto, el letrado Au­gusto Nino Arena, repre­sentante del detenido, ex­plicó que el procedimiento se realizará para evitar el traslado de su cliente a la Ciudad de Buenos Aires que actualmente está en crisis sanitaria por el aumento de casos de coronavirus.

Además, a raíz de esa misma situación, los juz­gados permanecen sin ac­tividad y sólo se realizan trámites a puertas cerradas y con una mínima cantidad de trabajadores judiciales, la mayor parte de las trami­taciones se realizan de ma­nera remota. El imputado está sospechado de haber ayudado a Carlos “Cacho” Bareiro a traficar estupefa­cientes cuando este último estaba detenido en la Uni­dad Penal 7 de Resistencia y supuestamente daba ór­denes a sus cómplices por teléfono y por medio de terceros. Además, se lo acu­sa de supuestamente haber colaborado con policías co­rruptos.