Piden el remate de bienes secuestrados para comprar insumos
Pretenden que el dinero obtenido se destine a la lucha contra el coronavirus en Corrientes. Una casa podría utilizarse como centro asistencial.
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, y el fiscal Diego Iglesias, que encabeza la Procuración Contra la Narcocriminalidad (Procunar), propusieron que se rematen bienes incautados a organizaciones de narcotráfico en Corrientes con el fin de destinar esos fondos a la lucha contra el coronavirus y que otros activos obtenidos del mismo modo se les entregue a organismos públicos con fines sociales.
La solicitud cuenta con el apoyo de la Dirección General de Recuperación de Activo y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena.
Los bienes corresponden a 13 causas de narcotráfico que se tramitaron en juzgados de primera instancia de la provincia de Corrientes y que fueron juzgadas en el Tribunal Oral Federal de la capital correntina.
Las solicitudes comprenden la suma de 329.100 pesos, once vehículos y un inmueble, dieron a conocer oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal Federal.
Los bienes fueron secuestrados en allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad en el contexto de investigaciones por narcotráfico, en las que, además, se incautaron importantes cantidades de marihuana y cocaína, armas de fuego, balanzas y elementos de corte utilizados para fraccionar estupefacientes.
En las presentaciones elevadas a los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal indicaron que “resulta claro que el dinero secuestrado constituye el producto o efecto directo en relación a los delitos investigados, por lo que corresponde su decomiso”, como medida tendiente a evitar que esos bienes se utilicen para financiar futuras actividades delictivas y, de este modo, reducir los mercados ilícitos que operan en la región Nordeste del país.
Remarcaron también el fin reparatorio que correspondería darles a esos bienes. En este sentido estimaron adecuado destinar en forma concreta el producto de estos delitos -que afectan directamente a la salud pública- para solventar los gastos de los hospitales “Carmen Iglesia de Llano”, Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” y el Hospital “José Ramón Vidal”, donde se trata a los pacientes que contrajeron coronavirus.
En el mismo escrito piden a los jueces que además evalúen el envío de esos fondos a establecimientos de la provincia que han sido afectados concretamente a la atención de los enfermos de covid-19, para que afronten con premura los gastos de sus demandas prioritarias, bajo el control y seguimiento del destino de los fondos por parte del Tribunal Oral Federal.
RODADOS PARA LA SALUD
Debido a que entre los bienes incautados se encuentran rodados que habrían sido utilizados para concretar actividades ilícitas y otros adquiridos con fondos ilegales, los fiscales pidieron que éstos se entreguen en carácter de depositario judicial a las autoridades provinciales que los pudieran necesitar y requerir con el fin de que los agentes afectados a los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y otros servicios esenciales, puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos para hacer frente a la emergencia sanitaria, cumpliendo estrictamente los requisitos previstos en la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2/2018. s