Una intervención poco lúcida

Con la publicación del decreto respectivo en el Boletín Oficial, se formalizó el nombramien­to de María Laura Garrigós como interven­tora del Servicio Penitenciario Nacional por un período de seis meses y con el objetivo, siempre invocado y nunca alcanzado, de normalizar el orga­nismo y dotarlo de un estatus institucional conforme a las modernas prácticas del sistema democrático. El anhelo, desde la teoría, es la implementación de un modelo penitenciario ajustado al Derecho genui­no, lo que supone contemplar no sólo la necesidad de los condenados sino también, especialmente, de las víctimas. Sobre este punto existe una irresuelta controversia y por derrame un incordiante déficit. La pregunta que da vueltas, sin que los que tienen poder de decisión consi­gan ponerse de acuerdo, es ¿para qué está la cárcel?

A partir de este interrogan­te, que en la Argentina es una asignatura pendiente por los consecutivos reprobados, lo de­más sale sobrando. Alcanza para graficar la situación en que la nueva interventora llega a la je­fatura del Servicio Penitenciario Federal -vía decreto- porque los que estaban en ese lugar han sido acusados de formar parte de una organización que hacía espionaje ilegal. Un bochorno muy propio de la Argentina.

Para poner orden en un organismo salpicado por el desquicio (que no es nuevo) el presidente Alberto Fernández eligió a Garrigós, ex jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y miem­bro fundadora de la agrupación Justicia Legítima, que clara simpatía con el kirchnerismo. Esto último no sería obstáculo, cada quien tiene sus inclinaciones políticas, pero la ex magistrada debutó con un par de tropiezos en sus declaraciones lo que induce a espe­cular que su gestión tendrá escaso éxito respecto de la meta (ideal) que el Gobierno se ha propuesto alcanzar.

Garrigós, en su primera intervención ante la pren­sa (ayer) se despachó con una defensa de las excarce­laciones que se firmaron en medio de la emergencia sanitaria. Y usó un ejemplo poco feliz. Urticante, por decirlo en términos protocolares. 

Luego, como si el resbalón que protagonizó no fuese poco, completó su exposición con un vaticinio agorero sobre el índice delictivo que habrá en el país una vez pasada la cuarentena. En pocas palabras, adelantó que habrá más robos y asaltos. 

Con Garrigós queda claro por qué los jueces (de primer grado hasta los ministros de Corte) no hablan con la prensa. Tal vez sean muy doctos en la inter­pretación y la aplicación del Derecho, pero tienen un déficit tremendo en el manejo del discurso. La flamante interven­tora del Servicio Penitenciario Federal, ex magistrada, lo puso de manifiesto en su aparición rutilante después de conocido el decreto de nombramiento. 

“No se ve en las calles bandas de delincuentes operando”, dijo la Señora para argumentar a fa­vor de las excarcelaciones que se aprobaron por la pandemia. En la idea de legitimar esa decisión institucional, Garrigós lo traspa­só a números y dijo, sin decirlo abiertamente, que no fueron tantos. Parece estar cla­ro cómo será el modelo carcelario de la Intervención.

Por otra parte, la nueva funcionaria nacional pro­nosticó que “el día que salgamos de la cuarentena, con la crisis económica que vamos a estar padecien­do nosotros y el mundo entero, vamos a tener un pico de delitos contra la propiedad, porque todas las crisis han producido eso”. Es posible que el presagio de Garrigós esté fundado en la experiencia profesio­nal, y también en una cuota de lógica común, pero hay determinados conceptos que los funcionarios de Estado deben cuidar. Especialmente Garrigós que apenas unos minutos antes, develó que es partida­ria de las excarcelaciones de sujetos con condena firme.