“El doble control en Vicentin podría generar conflictos”

La intervención del Poder Ejecutivo Nacional sobre el pool de empresas Vicentin tiende a profundizar la grieta en la opinión pública con un debate político y económico, pero también hay un costado académico para contemplar. 

Esta circunstancia tiene su antecedente más cercano con la recordada Resolución 125, con la que el gobierno de Cristina Fernández de Kir­chner buscó sancionar una ley con un sistema de reten­ciones móviles para el agro con foco en la soja. Ahora, los hechos que derivaron la intervención de la firma san­tafesina son los siguientes: Vicentin es hoy un conjunto de empresas con plantas en varias ciudades santafesi­nas. Con más de 90 años de operaciones, entró en cesa­ción de pagos en diciembre de 2019 y el 11 de febrero de este año solicitó la apertu­ra de su propio concurso de acreedores por una deuda que asciende a los US$1.350 millones. 

La acción del Gobierno nacional al anunciar la inter­vención como herramienta de salvataje, generó un am­plio espectro de opiniones que gira en torno a las dudas sobre la estrategia utilizada para conseguir la estatiza­ción de la empresa. Nada mejor que recurrir al análi­sis académico del caso con un especialista, como lo es el doctor Augusto Arduino, docente titular de la cátedra de Derecho Comercial II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). 

Para el docente universita­rio en el caso de la empresa Vicentin técnicamente en­tran a jugar dos instituciones: la de la intervención, puesta por el Estado Nacional; y por el otro lado, la de una even­tual expropiación. “Usual­mente en un lenguaje colo­quial, los medios de prensa sostienen que se interviene la sociedad. En rigor de ver­dad se interviene el órgano que administra la empresa, en este caso el directorio”, instruye Arduino.

Ahora bien, esa interven­ción -dispuesta por un juez o el Estado- tiene diferentes grados. “Puede consistir en la designación de un veedor, sin mediar el desplazamiento de los administradores. Otra al­ternativa es la designación de un coadministrador, o en el caso más grave, se determina la intervención con despla­zamiento del directorio”.

—¿El Poder Ejecutivo está facultado para nom­brar una intervención o es incumbencia del Poder Ju­dicial?

—Es un punto interesante de analizar. Cuando habla­mos de personas jurídicas como las sociedades, éstas tienen que cumplir con su objeto y su finalidad. En este caso estamos frente a una intervención de tipo admi­nistrativa, pero en una em­presa que está en concurso. En consecuencia Vicentin está en una suerte de doble control: el estatal y el judi­cial. Es allí donde aparecen los conflictos. Y en caso de expropiarse sería necesaria la intervención del Poder Le­gislativo, por lo que siendo un caso en desarrollo cada poder en la medida de sus atribuciones deberá actuar en el recate de la empresa.

—Desde lo normativo ¿qué opina sobre una posi­ble expropiación de la em­presa?

—Lo que no queda claro es qué es lo que se va a expro­piar. Podría suceder que se expropien las acciones invocándose la sobera­nía alimentaria, lo que ya despertó críticas. Si se ex­propiaran las acciones, se deberá pagar el precio que corresponde a esas accio­nes, pero al mismo tiempo que el Estado se hace cargo de todos los activos, también asumirá responsabilidad de todos los pasivos. Esto transformará al Estado en socio de la empresa Vicen­tin. Otra posibilidad es que se expropien nada más que ciertos activos, que también deberán ser pagados a la so­ciedad. Lo que sí queda claro es que no hay forma de que se pueda expropiar si no es por medio de una ley, en ella se delimitará la declaración de la necesidad de expropiación y se determinan claramente las acciones o activos a ex­propiarse.

—¿Qué otras alternativas tenía el Poder Ejecutivo?

—La Ley de Concursos tiene un procedimiento es­pecífico que se denomina “salvataje”. Consiste en lo siguiente: cuando el deudor desarrolla todo el proceso del concurso preventivo, y no logra ponerse de acuerdo con los acreedores, la ley dice que en ciertos casos -como en este de Vicentin- no iría a la quiebra, sino que se abre una nueva oportunidad don­de un tercero puede hacer una oferta a los acreedores para adquirir la empresa. De todas formas es un procedi­miento, lento, prolongado y engorroso. Es decir que no estaríamos hablando de una solución inmediata. Otra al­ternativa es que el Estado, los acreedores o terceros rea­licen algún aporte de capital a la empresa para hacerse de acciones, entonces tendría­mos una sociedad mixta con­formada por capital privado y estatal. El abanico que se abre es bastante amplio.

—¿Cómo conviven den­tro del marco legal, un sín dico designado por la Justi­cia de Santa Fe con el nuevo interventor nombrado por el Poder Ejecutivo?

—El síndico continuará controlando la administra­ción, continuará el régimen de los actos sujetos a la au­torización del juez y tam­bién de aquellos que se en­cuentran prohibidos. ¿Qué variará?, si la intervención es con desplazamiento, el in­terventor será el encargado de administrar la empresa bajo la vigilancia del síndico. Si en cambio la intervención es de coadministración, en­tonces los directores de la empresa más el interventor serán los administradores, también bajo la vigilancia del síndico. Pero en definitiva el responsable último de los ac­tos que se puedan desarrollar en este período será el juez. ¿Por qué?, porque es el que autoriza los actos solicitados por el concursado y aplica las sanciones si se ejecutan actos prohibidos.

La Empresa Inmortal. En la literatura concursal siem­pre se cita un artículo que se tituló “El mito de la Empresa Inmortal” aludiéndose a que muchas veces el costo del salvataje de las empresas las hace inviables.“Lo primero que habría que analizar antes de hablar de inyectar capita­les por aportes del Estado o privados u otra alternativa, es evaluar la viabilidad de la empresa. Si lo es, todo es­fuerzo, público o privado será bienvenido, porque permitirá preservar fuentes de trabajo, el desarrollo de una región y conservar una empresa. Ahora si la empresa se tornó inviable, se podría estar res­catando una sociedad que no tiene una recuperación y creando la inmortalidad fic­ticia de una empresa con ma­yores costos”, señala Ardui­no. Y completa: “Por ello ha­bría que efectuar una análisis de las causas que la llevaron a esta situación para así rever­tirlas y viabilizar la continui­dad de la empresa”.s

(Colaboración:  Juan Monzón Gramajo)