La soberanía que da el trabajo
La extensión de la cuarentena otorga justificación a la continuidad del IFE. Pero, lo que hoy es una tabla de salvación, con el tiempo se vuelve un ancla. El mejor ejemplo es la AUH.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) una medida de excepción que nació al calor de la urgencia social por la pandemia de coronavirus, va camino a transformarse en un programa permanente dentro del abanico asistencial del Estado. Los amagues oficiales en ese sentido son inequívocos, y ciertamente preocupantes porque supone la profundización de un modelo que agranda el déficit fiscal, desalienta el afán de realización personal, acentúa el conformismo y abona el sistema clientelar de la política argentina. Historia vieja y archiconocida, con sigla nueva y un segmento social más dentro del bolsón estatal.
Hasta aquí los planes asistenciales, que proliferaron durante la pasada década kirchnerista y que se mantuvieron con el interregno macrista, estaban destinados al sector más desprotegido de la población, pero con la llegada del covid se amplió el espectro de beneficiarios incorporando a uno o dos escalones de la sociedad argentina. Trabajadores independientes, monotributistas, asalariados discontinuos e informalizados, es decir la parte más vapuleada de la castigada clase media nacional.
Aquellos que algunas vez fueron (o soñar con ser) empleados formalizados, en relación de dependencia, con todas las de la ley; pequeños comerciantes o emprendedores con vocación firme, engrosan hoy la nómina del IFE, que surgió como una ayuda para que en los hogares más apremiados no falte lo mínimo durante la prolongada cuarentena. Son $10.000 por cabeza y hay unas 9 millones de cabeza dentro del programa, que en estos días va por su segundo capítulo. Todavía no se terminó de abonar la segunda y todo parece indicar que habrá una tercera cuota.
“Hace cinco días hábiles que arrancamos con el segundo pago del IFE. Pero por supuesto, siempre está sobre la mesa seguir pensando a quiénes acompañar”, dijo la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, quien deslizó que el Gobierno podría disponer un nuevo pago el mes que viene.
No es novedad. La camporista Raverta no develó ningún secreto, mucho antes de que ella asumiera en Anses algunas voces en la periferia del gabinete nacional adelantaron que “el IFE llegó para quedarse”. Lo que constituye un contrasentido porque se supone es un plan para la emergencia, es decir para una determinada coyuntura crítica.
Sin embargo, visto desde una perspectiva realista, la continuidad del IFE no es más que un reflejo de la crisis perenne que arrastra el país.
En línea con el discurso de Raverta, ayer el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que después de la cuarentena será necesario que el Estado disponga un ingreso universal para los sectores vulnerables, algo “que garantice un piso económico”. Y fundamentó que el IFE ha demostrado “el nivel de deterioro en el que estaba la asistencia social del Estado”.
La evaluación que hace el ministro, sobre las necesidades que existen, son verosímiles y atendibles, pero con la caja del Estado no se puede hacer frente a todo, un modelo asistencial para 40% (o más) de pobres es utópico. Un engaño.
La solución (vaya descubrimiento) es terminar con la pobreza. La erradicación eficaz de las necesidades se logran con trabajo genuino, no con migajas. La obligación del Estado es generar las condiciones esenciales para una economía productivista, sana y fuerte, que garantice la soberanía de los trabajadores, y por tanto de las familias. No la dependencia.
La continuidad del IFE es justamente eso, más dependencia de más personas atadas al Estado. Como la AUH, idea de Lilita Carrió que perfeccionó Cristina Kirchner, que nació como una excepción hace once años y hoy mantiene encadenada a más de 4 millones de familias argentinas. La postración social con un mendrugo mensual está lejos de ser un éxito