Oxímoron de un modelo deforme

El impuesto especial a las grandes fortunas, proyecto del oficialismo que está en debate en el Congreso de la Nación, podría generar una recaudación fabulosa capaz de financiar, por ejemplo, casi 21 millones de planes Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consistente en una cuota de $10.000 mensual para los beneficiarios. Por ahora, el programa atiende a 9 millones de personas, es decir que con el obligatorio aporte que harían los “ricos” se podría más que duplicar la nómina de asistidos. O quizás doblar el monto de asistencia, en lugar de 10, 20 mil pesos per cápita. Sin embargo, corresponde reiterar la pregunta que quedó planteada en esta mis­ma columna en la edición de ayer ¿Cuál es el valor del plan IFE?

Respuesta: todo y nada. Pare­ce una contradicción, pero no lo es. A riesgo de empujar a la con­fusión es imprescindible señalar que la calificación, positiva o ne­gativa, se explica según las cir­cunstancias. En la actual coyun­tura de emergencia sanitaria y cuarentena, que es lo mismo que clausura laboral, para algunos el IFE es “todo”. Una tabla que le permite seguir a flote. 

Sin embargo, esa cuota de $10.000 que el Gobierno le concede hoy a los más necesitados ¿alcanza para vivir? ¿les permite atender todas las urgencias? Más aún, una vez terminada la pandemia y de regreso a la normalidad, extendida la aplicación del IFE en el tiempo como proponen algu­nos ¿los beneficiarios podrán proyectar y crecer con esa cifra mensual? Está claro que en un plano de ma­yor exigencia, la cuota del IFE representa muy poco o nada.

El contexto de crisis es lo que le da sentido al men­drugo asistencial, fuera de esa excepción el salvavidas se vuelve un ancla, para el Estado y sobre todo para los individuos porque se anula su vocación de reali­zación y los encadena a un sistema de cómoda chatu­ra. La AUH es el mejor ejemplo. Ya lleva once años de existencia y los gobernantes no han logrado resolver el problema estructural que le dio origen al plan para los niños pobres. Y no lo van a resolver porque la AUH no es un remedio es un placebo.

El IFE, si se prolonga en el tiempo, tiene marcado el mismo destino. Nació como una necesidad -legítima-, pero su cobertura es tan estrecha que ni siquiera lle­ga a un cuarto de los ingresos mensuales que necesita una familia tipo para atender sus necesidades de ali­mentos, vestimenta, techo, transporte, servicios, etc. 

Veamos: la Canasta Básica Total, que incluye todos los ítems mencionados, ronda los $43.080 según in­formó ayer el Indec. Esta cifra marca el límite de la po­breza, las familias que no reúnen esta cantidad de ingresos men­suales son pobres. A su vez el piso de la indigencia es $17.875, lo que es el costo de la Canasta Alimen­taria.

El IFE, con $10.000 por mes, no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta alimentaria, de modo que se podría concluir -seguramente de manera errónea- que los bene­ficiarios del programa, unas 9 mi­llones de personas, se encuentran en el segmento de los indigentes. O tal vez de los pobres.

Como sea está claro, y es indiscutible, que el IFE resulta hoy una bocanada de oxígeno en los bolsillos exhaustos de muchas familias argentinas, pero no es menos cierto que la suma que se les otorga es apenas un paliativo. Por decirlo en términos vulgares, una “ayudita” para seguir adelante.

Suponer que un programa de esta naturaleza, ex­tendido en el tiempo, es el camino de salida a la crisis resulta un disparate. Mala praxis a la que nos tiene acostumbrada la política nacional.

Aun con financiamiento extraordinario (proporcio­nado por el impuesto a las grandes fortunas) el IFE es un certificado de pobreza. Hoy es todo, pero a largo plazo se vuelve nada. Oxímoron de un modelo defor­me que algunos presentan como progresismo.