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COMPAÑÍA CLAVE EN EXPORTACIÓN DE GRANOS

La Justicia avaló intervención a Vicentin

La compañía aceitera se encuentra en cesación de pagos. La deuda asciende a $100.000 millones. Rechazo de ac­cionistas a la expropiación.

La Justicia santafesina, que lleva adelante el concur­so preventivo de acreedores de la agroexportadora Vi­centin, avaló la intervención estatal de la compañía en cesación de pagos, tras rati­ficar en el cargo de subinter­ventor a Luciano Zarich.

De esta manera, el juez en lo Civil y Comercial de Re­conquista, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de ratifica­ción en su cargo del subin­terventor designado por el Gobierno nacional, designa­do para secundar a Gabriel Delgado, quien por ahora no se trasladará a Santa Fe por cuestiones de salud.

El Estado nacional pudo iniciar la intervención de la cerealera en default tras la rúbrica del acta de traspaso con integrantes del Direc­torio el jueves pasado con Zarich y que éste pudiera ingresar en la casa matriz de la compañía ubicada en la localidad santafesina de Avellaneda.

A partir de ese momento, comenzó la intervención por 60 días de Vicentin, en un concurso de acreedores con una deuda declarada de casi $100.000 millones.

De ese total, $25.600 mi­llones se adeuda a producto­res y entregadores de granos, mientras casi $64.000 millo­nes debe a entidades finan­cieras, de las cuales el Banco Nación es su principal acree­dor con $18.500 millones. Si bien la empresa aceptó la intervención del Gobierno nacional, rechazó de plano la expropiación que el Poder Ejecutivo elevará al Congre­so nacional para su sanción.

Esta decisión fue justifi­cada por el gobierno ante el riesgo de que el concurso preventivo de acreedores derive en la quiebra de la fir­ma cerealera y se produzca a partir de esto su extranjeri­zación.

Sin embargo, estos argu­mentos fueron rechazados por gran parte del sector agroindustrial, cámaras em­presarias y parte del arco opositor, al considerar la medida “ilegal” y que”no respeta la división de pode­res”, mientras que otros ac­tores sumaron alternativas a la expropiación.

En este sentido, el di­putado nacional de Jun­tos por el Cambio (JxC), Juan Aicega, presentó un proyecto alternativo jun­to con diputados referen­ciados con Emilio Monzó para evitar la expropia­ción de Vicentin y aseguró que “no existe una emer­gencia tal que haga que el Poder Ejecutivo intervenga y hay otras soluciones para acercarle al juez” de la causa.

Dicho proyecto concibe “un gerenciamiento inte­grado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y/o AFA (Agricultores Federados), para que pongan en marcha la producción de la empresa y la reestructura­ción del capital social, den­tro del marco legal”, indicó el legislador.

En cambio, el jefe del blo­que de diputados nacionales de Consenso Federal, Ale­jandro Rodríguez, se mostró escéptico respecto del ingre­so al Congreso de un proyec­to para expropiar la empresa Vicentin.

“No tenemos idea si el Go­bierno va a mandar el pro­yecto, ver para creer”, sostu­vo y le recomendó al Ejecuti­vo nacional que “retrotraiga la marcha sobre este tema, porque si éste va para ade­lante, tal como lo presenta, va a terminar mal”.

Por otro lado, uno de los accionistas de la aceitera, Héctor Vicentin, rechazó que los $18.500 millones en préstamos otorgados a la fir­ma por el Banco Nación en concepto de prefinanciación de exportaciones, hayan te­nido como destino la fuga de capitales o el lavado de dinero.

Según Vicentin, el conte­nido de la denuncia presen­tada por la Unidad de In­formación Financiera (UIF) es “totalmente inexacto” y catalogó como “ridículo” pensar que “algunos de Vi­centin sacaron ese dinero al exterior”, sostuvo.

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