Deuda: no hay acuerdo y crecen las diferencias con los acreedores
El gobierno prorrogaría las negociaciones con los fondos duros para ajustar distancias que superarían los us$7.000 millones.

El FMI espera que el Gobierno continúe las negociaciones con los acreedores para arribar a un acuerdo, mientras grupos de bonistas aseguraron que las diferencias son “mínimas” y hay margen para seguir dialogando. Pese a que los mercados financieros reaccionaron con pesimismo y que los activos argentinos sufrieron este jueves fuertes pérdidas, las señales permiten proyectar un posible entendimiento, según fuentes cercanas al Gobierno y a los grupos de bonistas.
El vocero del FMI, Gerry Rice, dijo que el organismo está “siguiendo los acontecimientos muy de cerca y esperamos que todas las partes involucradas busquen continuar las negociaciones con la vista puesta en lograr un acuerdo”. Rice señaló que el organismo sigue de cerca las negociaciones pero aclaró que las tratativas de la Argentina con los acreedores son “una cuestión entre ellos”.s
El Gobierno prevé prorrogar las negociaciones con acreedores para intentar limar las diferencias que persisten, y que en lo económico superarían los US$7.000 millones, pero también se abrió un debate sobre la cuestión legal, que despertó más interrogantes sobre un proceso clave para el futuro del país, trascendió ayer.
Se estima que este fin de semana continuarían las tratativas para arribar a un acuerdo que en los últimos días pareció quedar empantanado,señalaron fuentes cercanas a las negociaciones.
Ayer viernes, el presidente Alberto Fernández confió en que se llegará a un entendimiento, pero reconoció que se avanza a los “tironeos” en la dura negociación.
También pidió quitarle dramatismo a la cuestión y hasta afirmó que la falta de un convenio en el corto plazo no cambiaría la situación porque la Argentina de todas maneras carece de financiamiento externo.
Los caminos en este momento son tres: la prórroga en las negociaciones, la posibilidad de presentar la enmienda o, lo menos esperado, el retiro de la oferta inicial.
Esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, resolvió en acuerdo con los grupos de bonistas levantar la confidencialidad de las propuestas y allí empezaron a notarse las diferencias que existen entre lo que piden los acreedores y lo que el Gobierno está dispuesto a aceptar.
Según estimaciones que se manejan en el mercado financiero, la diferencia económica superaría los US$7.000 millones, una cifra que nadie cree que pueda ser el factor determinante para cerrar un entendimiento.
Pero, a esa discrepancia se le sumó otra de carácter legal, ya que los acreedores pretenden que los títulos a emitir se ajusten por cláusulas legales similares a las del canje 2005, lo cual mejoraría la situación de los bonistas, si es que en un futuro inician reclamos legales.
Por el lado de los bonistas, los más agresivos y firmes parecen estar en el influyente fondo BlackRock, cuya negociadora es ahora Jennifer O’Neill, quien asumió ese rol en reemplazo del combativo mexicano Gerardo Rodríguez, por expreso pedido de Guzmán a Larry Fink, cabeza del grupo. Reclama un pago del 56,5% y también exigió el cambio en las cláusulas legales, cuestiones que Guzmán rechazó de plano por “inconsistentes” con el objetivo de sustentabilidad del pago de la deuda.
Hasta ahora el Gobierno, a través de Guzmán, ofreció pagar hasta US$49,90 por cada lámina de 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones. Esta propuesta cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, reiteró en los últimos días el apoyo a la Argentina y pidió a los acreedores que acepten la oferta.
Durante la semana, tras el levantamiento de la cláusula de confidencialidad, el grupo Ad Hoc Argentina Bondholder, conformado entre otros por los fondos BlackRock y Ashmond, advirtió que si el Gobierno no atiende los reclamos podría iniciar demandas judiciales.
El presidente Fernández afirmó que está “seguro” de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a “poder encontrar un acuerdo” con los acreedores externos de la Argentina y que a partir de ello el país podrá “levantarse nuevamente”.s