La renegociación diferida

Aunque el Gobierno argentino mejoró la ofer­ta de reestructuración de la deuda, el proce­so de negociación con los acreedores sigue trancado, tanto que ayer fijaron un nuevo plazo, esta vez hasta el 24 de julio, es decir más de un mes. A estas alturas, de tan conversado el diferendo, ya se perdió la cuenta del número de diferimientos que firmó la administración de Alberto Fernández, que es­pera coronar este complejo momento del país con una solución más o menos decorosa del pago de la deuda. Mientras a la par va pateando hacia adelante los plazos de la cuarentena por el pandemia de coronavirus, y si bien hay razones que justifican de sobra esa medida preventiva, no es descabellado imaginar que llegado el día que pueda anunciar la reestructura­ción de la deuda, también se ani­me a poner punto final al confina­miento sanitario.

El punto, ni más ni menos, es encontrar el término que resul­te conveniente para las partes: acreedor y deudor. Hubo un im­portante acercamiento, pero se­gún parece, no lo suficiente como para seducir totalmente a los bo­nistas que, como es lógico, quie­ren cobrar lo más que se pueda.

De acuerdo a lo que trascendió, el Gobierno argenti­no mejoró sensiblemente la oferta de reestructuración reconociendo un valor de 50 dólares por lámina de 100 dólares de valor nominal y un cupón atado a las expor­taciones, sin embargo los bonistas han rechazado esa propuesta y quieren cobrar más. Es importante tener presente ciertos hechos que se dieron en coincidencia con esta contestación.

Por lo pronto, la reacción del Palacio de Hacienda se canalizó en un comunicado señalando que los acree­dores “respondieron proponiendo ajustes (...) con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente in­consistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI”. Además puntualizó que “el proceso de nego­ciación con nuestra comunidad inversora reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente. La República eva­luará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad ma­croeconómica”.

El vencimiento de la invitación estaba programado para ayer, viernes 19, y como fue dicho se reprogramó para el 24 de julio. Una eternidad, teniendo en cuenta el trajín de estos días.

Pero, es importante detenerse en un detalle crono­lógico que tal vez explica el porqué de la “divergencia” entre los bonis­tas para “conciliar fácilmente” una solución que resulte integradora de todos los intereses. En medio del acercamiento se produjo el episodio Vicentin. La intervención del holding cerealero argentino y el proyecto de expropiación de la firma que será sometido a trata­miento en el Congreso de la Na­ción.

Si hacía falta algo para espantar a inversores extranjeros, que ade­más quieren cobrar deuda venci­da, es el término expropiación. Muy posiblemente el gobierno del Frente de Todos, impregnado de su épica, suponga que con la intervención en Vicentin significa un salto cualitativo para la soberanía económica ar­gentina, pero en realidad es un enorme tropiezo. Mo­numental. Tan grande como el holding cerealero que pretende controlar.

Ningún actor del mercado internacional, que tiene los bonos para ejecutar a la Argentina, se sentirá a gus­to dándole concesiones a un deudor que vulnera los límites de la propiedad privada. Muy por el contrario, los más probable es que acentúe la exigencia. Pasa en el trato cotidiano, y no es muy distinta la situación en los niveles financieros de estratosfera. El súbito tropezón que está padeciendo Argentina parece confirmarlo.