DGR: abren causa paralela a “Chuchi”, único imputado por robo millonario 

Las consecuencias del despliegue policial del jue­ves pasado, que -según las autoridades- dio con los au­tores del robo millonario en las oficinas de la Dirección General de Rentas (DGR) y la recuperación de menos del 20% del efectivo sus­traído, siguen generando derivaciones.

Por una lado, la Justicia Correccional inició una causa contra el principal sospechoso, Antonio En­rique “Chuchi” Benítez, a raíz de las mercaderías secuestradas en los seis allanamientos concretados y que los pesquisas sospe­chan que fueron adquiri­das con parte del botín de $1.057.000 (aunque casi el 50% habría sido destinado a “retoques” cosméticos de la concubina del acusado, basado en lo dicho por je­fes de la institución). Por el otro, el Juzgado de Ins­trucción a cargo del delito, primero liberó al otro apre­hendido en los operativos, quien prestó declaración en sede policial como “testigo sospechoso”, dijeron fuen­tes judiciales. 

La fiscal en lo Correc­cional, Andrea González, tomó intervención tras el hallazgo de “elementos de dudosa procedencia” en la vivienda y otros inmuebles vinculados a Benítez. “Esta persona no puede acreditar con sus ingresos, todos los elementos que tenía en su poder”, aseguró uno de los informantes. “Será impor­tante que pueda declarar cómo obtuvo todos esos elementos”, detallaron.

Según informó la Policía, luego de avances en la pes­quisa encabezada por la Di­rección de Delitos Comple­jos, se procedió a concretar seis órdenes de allanamien­to en domicilios de los ba­rrios Laguna Seca, Pujol, Santa María y Colombia Granaderos (La Vizcacha). Además se inspeccionó un galpón ubicado en la calle Los Matacos y avenida San­ta Catalina, donde se esta­ba edificando un salón de fiestas. Como resultado se incautaron $180.000, dos escopetas, un automóvil y otros elementos. Algunos llamaron la atención de los investigadores, como un dron y un carrito de golf. 

“Es una casa quinta en construcción, con quincho, baños, pileta, se secuestró una torre de sonido, equipo de luces, un dron, equipos de golf, sillas, mesas, coci­na y un handy de la Policía que estaba en el techo de la construcción”, precisó una de las fuentes. Otra indicó que “la construcción es de reciente data y los elemen­tos eran a estrenar, muchos estaban con el envoltorio”. 

Se conjetura que esos elementos -que también in­cluyen materiales de cons­trucción y sillas de plásti­co- fueron comprados entre el 9 y el 15 de junio, sema­na que transcurrió entre el atraco a las oficinas de la avenida Gobernador Pujol 2330 y el día de los allana­mientos, que comenzaron a las 6 y se extendieron hasta las 20. El abogado defensor de Benítez, Jorge Barboza, rechazó la hipótesis y en declaraciones radiales ase­guró que su cliente los com­pró con antelación. 

Fue el subjefe de la Poli­cía de Corrientes, comisario general Eduardo Acevedo, quien sostuvo que medio millón de pesos fue gasta­do por la pareja del acusado en cirugías estéticas, que debieron realizarse en el mismo lapso. Y que además podría haber otros implica­dos que se hayan quedado con su porción. 

Sin embargo, el vier­nes a última hora se supo que A.A.R., el otro hombre arrestado en los procedi­mientos, recuperó su liber­tad, lo que debilitó la inves­tigación ya que las cámaras de vigilancia del interior de la DGR captaron a dos sujetos. Desde la Fiscalía de Instrucción Nº 5, cuya titular es la doctora Gra­ciela Fernández Contarde, a cargo de la investigación, informaron que “se había demorado a dos personas: uno quedó detenido en ca­rácter de imputado y el otro declaró como testigo y re­cuperó su libertad’. s

El despilfarro y la hipótesis del “entregador”

Los pesquisas llegaron a identificar a Antonio Enrique “Chuchi” Benítez como uno de los supuestos perpe­tradores del atraco, cometido entre las 2 y las 3.30 del martes 9 de junio, a partir de las cámaras de vigilancias ubicadas dentro y fuera de la sede de la Dirección General de Rentas. Sin embargo queda por saber cómo sa­bían que estaba el millón de pesos ahí y el lugar exacto donde lo guardaron. En el reconocimiento fueron clave los antecedentes policiales del hombre, de 42 años, quien cuenta con media docena de causas judiciales por robo, al menos una de ellas con condena en juicio. Sin embargo, según su defen­sor, fue absuelto luego de acudir en queja en instancias posteriores y que­dó sobreseído en la instrucción de las demás. 

Ahora los investigadores buscan demostrar que el acusado dilapidó $887.000 en ocho días mediante gas­tos extravagantes. Para ello indagan en las mercaderías incautadas en pro­cura de determinar la fecha exacta de compra y su valor estimado. Se tuvo que despilfarrar $110.000 por día. El otro punto débil es quién sería el otro hombre que ingresó a la oficina, y los otros dos que habrían actuado como “campanas”. Descartada la posibilidad de que hayan usado una camioneta, se cree que se manejaron en motos. 

Las novedades taparon la hipótesis primera de un “entregador” y dejan abierta la incógnita de quién “dio el dato”. s