Un frente de conflicto costoso 

Consciente del significativo daño que pue­de provocar a su gestión, que todavía está en veremos en los lineamientos centrales, el presidente Alberto Fernández emitió un gesto de prudencia y deslizó que podría dar marcha atrás con la idea original de expropiar el conglomera­do empresarial Vicentín. Ya sea porque entiende que la alternativa que presentó el gobernador santafesino Omar Perotti, que propone explorar la vía judicial, es la más adecuada; o bien porque advirtió la escasez de voluntades en el Congreso de la Nación, sobre todo en Diputados, para conseguir la aprobación de la ley, el mandatario le asignó una chance a la acción del ma­gistrado que entiende en la cau­sa. No obstante hizo reserva de la posibilidad de insistir con el proyecto de expropiación, que a estas alturas parece estar firme­mente empantanado.

Con independencia de los fac­tores que moldearon la nueva postura del jefe del Poder Ejecu­tivo, hay un condicionante que es insoslayable: la reacción social y especialmente el rechazo mani­fiesto del sector productivo y em­presarial ligado al campo. La mo­vilización que se concretó ayer en buena parte del país en defensa de la “propiedad privada” confirmó la sensación de que seguramente habrán pulsado en la Casa Rosada y que resultó deter­minante para pisar el freno y poner el GPS en modo “recalculando”.

No es casualidad que el estreno del nuevo discurso del Presidente respecto del caso Vicentin se haya co­nocido apenas unas horas antes de la manifestación que tuvo como epicentro la provincia de Santa Fe y que se replicó en diversas provincias, incluida Corrientes. El banderazo de la gente, justo en el Día de la Bande­ra, es un signo inequívoco de que la administración de Alberto Fernández, que es el portaestandarte de un peronismo gobernado por el kirchnerismo, no tendrá el camino despejado para las aventuras. El rótulo de la épica por la soberanía no funciona tan fácilmente cuando se trata de expandir lo estatal sobre lo privado. 

Está claro que Fernández tomó nota del revuelo que generó la decisión de intervenir por decreto a la em­presa santafesina (que es un portento en el mercado agroexportador) y avanzar con su expropiación. Desde entonces, el mandatario consumió buena parte de su tiempo, dedicó energía que podría destinarse a otras acciones más perentorias, en tratar de fundamentar “su” decisión. 

Ahora, según parece, el Presidente está dispuesto a poner en el congelador la iniciativa, lo que significa postergar el anhelo del segmento K que es el princi­pal impulsor de esta medida. Ten­drá sus costos. Pero, seguramente no serán mayores que los que se visualizan en caso de continuar con la expropiación. De hecho, el Gobierno ya está pagando por adelantado algunas facturas. La demora en la renegociación de la deuda externa es una de ellas.

No hay forma de probarlo, pero todo indica que el profesor Fer­nández midió el riesgo que supo­ne para su imagen y ponderación de gestión la embestida contra Vi­centin, en momentos en los que el humor social comenzó a caldearse debido a la extensa cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Se nota, en este contexto, un error de cálculo del Gobierno al instalar en la agenda pública un tema que no es sensible para la mayoría de la gente y que, por el contrario, resulta urticante por las connotaciones de vulneración de la propiedad privada. Salvo para el interés ideológico de su alianza, controlar Vicentin no cambia la ecuación de la ciudadanía que hoy está alar­mada por el virus y preocupada por su economía. 

Desde el punto de vista político el experimentado Fernández cometió una equivocación, abrió un fren­te de conflicto en medio de una tormenta mayúscula (la pandemia) de la que no tiene explicación sobre la salida.