Las camas bien ocupadas

A menos que haya una súbita descompresión en el índice de contagios, algo que parece muy difícil, el próximo anuncio del Gobier­no nacional respecto de la pandemia de coronavirus marcará un endurecimiento de la cua­rentena, con más medidas preventivas para evitar la propagación de la covid-19, sobre todo en los distritos más complicados. La evaluación se enfoca en dos ci­fras: los contagios diarios y las camas disponibles en terapia intensiva. Ambos números van de la mano, aunque hay otros factores que también influyen y co­rresponden ser tenidos en cuenta. Pero hoy los dos ejes son la velocidad de la propagación y la capacidad de atención del sistema de salud. Fuera de esto todo lo que se haga, y que pueda significar alivio o so­brecarga de la red sanitaria, juega un rol clave.

El fin de semana pasado el pre­sidente Alberto Fernández desli­zó que “entramos en la etapa en la que empezamos a contar las camas” (de terapia intensiva). Fue una confesión esclarecedora, que se complementó con una serie de datos estadísticos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la disponibilidad de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de cada provincia. 

Los números no son alarmantes, hay margen de ma­niobra, pero la capacidad no es tan amplia como para esperar el impacto de la pandemia con la guardia baja.

La conclusión es sencilla, no necesita mucha expli­cación, si los hospitales y las clínicas (las cifras del Mi­nisterio engloban al sector público y privado) tienen una alta ocupación de las UTI antes o durante del pico de la pandemia, la capacidad de respuesta será míni­ma y mucha gente quedará a la intemperie. Este es el verdadero drama. 

Corresponde señalar que desde marzo (cuando se desató la emergencia) hasta la fecha se amplió en un 35% la capacidad de las UTI en todo el país. Es bastan­te, pero aun así podría no alcanzar.

Ayer el ministro Ginés González García dio un dato revelador, actualmente sólo el 3,4% de las camas de terapia intensiva disponibles en los sistemas públicos y privados están ocupadas por pacientes graves de co­vid-19. Podría leerse como un número positivo, pero sería un error. Sucede que la ocupación de las camas de UTI en todo el país llega (promedio) a más del 50%. Dentro de ese promedio está el pequeño porcentual de infectados con coronavirus.

¿Y quiénes ocupan el resto? Enfermos de otras pa­tologías, que también necesitan cuidados especiales. Hay provincias que tienen una mayor ocupación per­manente de las UTI. Por ejemplo, la estadística de Salud de la Nación dice que hay cuatro provincias con ocupación constante arriba del 60%. Corrientes es una de ellas.

Santa Fe (65%), Salta (62%), Tu­cumán (61%), Corrientes (61%). Afortunadamente ninguno de es­tos distritos se encuentra en situa­ción crítica por la covid-19. Pero, ante una emergencia, la capacidad de respuesta sería mínima.

No se trata solamente de au­mentar el número de camas o comprar más equipos. Parte del problema es que los gobiernos no implementan las medidas -simples y de rutina- que permitirían aliviar la demanda innecesaria de los hospitales. Los acci­dentes de tránsito, las reyertas entre alcoholizados, los desmanes vecinales, además de los hechos delictivos, producen decenas de heridos graves que saturan las guardias y la mayoría de las veces ocupan camas en terapia intensiva. Se podría evitar con controles poli­ciales rigurosos y permanentes. Sin embargo, las auto­ridades no reparan en este detalle. 

Es más fácil ser flexible. En la salida de la cuarente­na levantaron todas las barreras dejando expuesto el sistema de salud a una sobrecarga operativa, que ade­más de costosa es estúpidamente innecesaria. Y esta coyuntura es, sobre todo, muy peligrosa.