Condenado por narco pidió que lo trasladen a una cabaña
Pretendía instalarse en Esquina, pero hubo dudas respecto a las garantías para que permanezca detenido. Fue sentenciado a 16 años.
Uno de los condenados por el tráfico de importantes cantidades de cocaína desde Perú y Bolivia por medio de vuelos clandestinos que aterrizaban en Santo Tomé (Corrientes), había solicitado que se le otorgue la prisión domiciliaria debido a que por su edad y estado de salud integra los denominados grupos de riesgo ante el coronavirus. Pero, el Tribunal Oral Federal rechazó la solicitud debido a que existe un “cúmulo de contradicciones y dudas” respecto de las personas que se harían responsables de su cuidado y del lugar donde el encausado residiría en caso de otorgarse la prisión domiciliaria.
El condenado, Gabriel Pirro Mori, es de nacionalidad peruana. Fue condenado en abril de 2017 a 16 años de prisión por haber participado en maniobras de tráfico de cocaína. Está sindicado como uno de los pilotos de las aeronaves en las que se trasladaban hasta 350 kilogramos de ese estupefaciente por viaje.
Luego fue trasladado a la Unidad Federal Penal II en el barrio porteño de Devoto, desde donde pidió la prisión domiciliaria con una nota escrita de puño y letra.
Sostuvo que deseaba ser trasladado a una casa que estaba disponible en la ciudad de Esquina, a cinco cuadras del río y que una mujer responsable del inmueble se haría cargo de los cuidados. Alegó que padece diabetes, problemas de presión arterial y que tiene 66 años.
Cuando los peritos judiciales fueron al lugar señalado para constatar la existencia de esa vivienda, fueron atendidos por una vecina que aseguró que Pirro Mori era el propietario del inmueble en cuestión, pero que actualmente no está habitado. Negó asimismo conocerlo personalmente y descartó toda posibilidad de hacerse cargo del lugar. Pirro Mori, ante esto, pidió que se realice una nueva inspección y nombró a una segunda persona -familiar de la primera entrevistada-, que al ser consultada dijo que conocía al imputado “desde hace 30 años”. Expresó su intención de cuidarlo, aunque sostuvo que desconocía quién era el propietario de la vivienda que éste habitaría solitariamente.
Al analizar esto, el Tribunal sostuvo: “Gabriel Pirro Mori no cuenta con arraigo afianzado en la República Argentina, y la elevada pena que mereció como condena, aunque no se halle firme, nos inclina a evaluar la presencia de riesgo cierto de fuga”, y negó la detención domiciliaria. s