El estándar para edificar el rumbo

El muy precario entendimiento político/ins­titucional que sostiene el sistema de trabajo legislativo en formato virtual en el Congreso de la Nación experimentó en las últimas horas el primer cimbronazo, señal del desgaste de un meca­nismo que para su óptimo funcionamiento reclama, esencialmente, confianza. Un proyecto en torno al complejo proceso de intervención (y expropiación) del holding Vicentin generó el cortocircuito entre el ofi­cialismo y la oposición por la calidad del teletrabajo y su consonancia republicana. Ocurrió en el Senado, donde habita el oficialismo más puro y por tanto re­cargado de fanatismo, y aunque el tema en tratamiento es cierta­mente polémico, el hecho es que la modalidad de debate virtual exige de armonía y tolerancia, en definitiva de una disciplina democrática que en la Argentina usualmente no abunda, menos aún en instancias de definición acalorada.

Se dio lo que -lamentablemen­te- estaba pronosticado que suce­dería desde el comienzo del pro­ceso de teletrabajo legislativo. No discuten por el proyecto sino por la validez de su aprobación. El principal espacio opo­sitor, Juntos por el Cambio (que nuclea al macrismo, al radicalismo y al partido de Lilita Carrió) cuestionó la validez de la votación en la que el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobar la creación de una co­misión bicameral para investigar el caso Vicentin.

Con 41 votos a favor y 29 en contra, el proyecto obtu­vo media sanción y pasó a Diputados, donde las chan­ces de éxito para el Gobierno son más estrechas. Sin embargo, la oposición denunció “autoritarismo y un apagón de micrófonos” en la sesión que se realizó de manera virtual.

A última hora del miércoles, el principal espacio opositor difundió un comunicado en el que acusó al kirchnerismo por el “atropello” que demuestra que “el sistema de sesiones virtuales fracasó” y consideró que la aprobación de la comisión bicameral no reunió los dos tercios necesarios, como lo establecen los ar­tículos 87 y 88 del reglamento de la Cámara alta. “En el marco del debate por el proyecto para crear una co­misión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y Banco Nación, pudimos ser testigos -una vez más- del atropello y autoritarismo del bloque del Frente de Todos”, sostiene el comunicado.

El interbloque de senadores de Juntos por el Cam­bio denunció que no se les permitió dejar constancia de lo que consideraron como una irregularidad “tras el apagón de micrófonos” y señalaron que “de este modo, quedaron expuestas las falencias y fragilidad del sis­tema utilizado”. Y advierten que “condiciones como éstas tornan imposible sesionar en un clima de racionalidad necesario para llevar adelante los debates. Con ruptura de reglas e imposiciones autorita­rias no hay margen para acuerdos en el marco de una sesión virtual en el Senado de la Nación”.

Podría decirse que el tema en debate que motivó este encontronazo es anecdótico, aunque no lo es, lo que se resuelva con Vicentin puede ser crucial para mucha gente y para la economía del país, sin embargo en lo que respecta al asunto de fon­do, que es la seriedad del procedimiento legislativo, se trata sólo de un expediente más. Lo verdaderamente importante, incluso por encima del destino de la firma cerealera santafesina, es la legalidad de los actos en el Congreso de la Nación.

Si lo que viene está edificado sobre procesos incon­sistentes, reñidos con esenciales estándares de legiti­midad que deben imprimir las instituciones de la Re­pública, el problema va más allá de una empresa, pues pone en duda el rumbo del país.