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PRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Vicentin: el Gobierno quiere que la Justicia porteña autorice intervención 

La Casa Rosada calificó de arbitrario el fallo del magistrado de Santa Fe, quien tramita la convocatoria de acreedores de la compañía. 

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El Gobierno nacional pi­dió ayer a la Justicia porte­ña resolver la intervención de la cerealera Vicentin, y calificó de arbitrario el fallo del magistrado de Santa Fe, quien tramita la convocato­ria de acreedores de la com­pañía e impidió aplicar esa disposición gubernamental. 

A través de un complejo entramado judicial, el Eje­cutivo nacional pidió que el caso sobre la intervención de la compañía pase al fue­ro Contencioso Federal de Buenos Aires, y que allí se dirima la cuestión.

De este modo, sin quitar­le al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lo­renzini, el proceso de con­vocatoria de acreedores de la cerealera, el gobierno de Alberto Fernández pretende que la Justicia porteña habi­lite el decreto presidencial que dispuso la intervención, pero que nunca llegó a efec­tivizarse.

El cuestionamiento está dirigido hacia la resolución adoptada por Lorenzini el 19 de junio último, por la cual no se expidió sobre la supuesta inconstitucionali­dad de ese decreto, pues se declaró incompetente, pero ordenó restituir al directo­rio y mantener sólo como veedores a los funcionarios

El magistrado dijo que carecía de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de Fernández, pedido que había sido formulado por uno de los acreedores de la com­pañía. La presentación fue hecha a la jueza María Alejandra Biotti, que giró el caso al fiscal Fabián Canda para que opinara sobre la habilitación de la feria.

“Si el magistrado del con­curso se declaró incompe­tente para entender en la demanda de inconstitu­cionalidad, va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar”, indicó.

Asimismo, sostuvo: “Lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incom­petente para tratar la in­constitucionalidad del acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundada­mente de efectos al DNU Nº 522/20 -una norma, se rei­tera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado nacio­nal”.

Lo que busca el Poder Ejecutivo Nacional es la in­hibitoria por parte del juez de Reconquista, quien dic­tó la medida cautelar, pero paralelamente se declaró incompetente para resol­ver el pedido de inconsti­tucionalidad del DNU del Gobierno.s

El cuestionamiento está dirigido hacia la resolu­ción adoptada por Loren­zini el 19 de junio último.

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