El nombre de la inseguridad 

La ministra de Seguridad de la Nación, la antro­póloga Sabina Frederic, sorprendió ayer con una manifestación de repudio (al que le adi­cionó un adjetivo: “categórico”) por los actos de sabotaje y vandalismo que se vienen registrando en establecimientos agroganaderos en distintos puntos del país. Además, la funcionaria adelantó que “activa­rán” un área específica en el ámbito de la cartera que dirige para tratar la problemática del delito rural. En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, anunció la presentación de un proyecto de ley para que se tipifique la figura del “vandalismo rural”. El Gobierno de todos/as parece fi­nalmente haber tomado nota del drama que sufren los producto­res, tardaron poco más de una se­mana en procesar las denuncias ventiladas a los cuatro puntos cardinales por la gente de campo y las entidades que los represen­tan. Es mejor tarde que nunca.

Según Confederaciones Rura­les Argentinas (CRA), el campo sufre inseguridad desde hace varios meses, pero en la última semana ha cobrado notoriedad por la cantidad de ataques que se perpetraron. 

La inseguridad rural afecta a las dieciséis confede­raciones y por eso la CRA ha realizado un mapa donde se cuentan los distintos actos delictivos que se sufren en cada provincia. 

La administración neokirchnerista que encabeza Alberto Fernández no se caracteriza por la agilidad en la reacción, pero esta vez demoró más de lo usual. A favor de los inquilinos de la Casa Rosada hay que decir que la batalla contra la pandemia de coronavirus los tiene enfrascados en un solo objetivo y la gestión (en general) está demorada en todos los frentes.

Lo llamativo, más allá del retardo para ponerse en sintonía con el problema grave que sufren los produc­tores agropecuarios, es la calidad de la respuesta ofre­cida y en este sentido es parangonable lo de la ministra Frederic con lo del diputado Massa, ambos intentan mostrar -o por lo menos eso se deduce- que están tra­tando con un hecho inédito, una innovación delictiva que merece tipificación especial en el Código Penal.

La antropóloga, ministra de Seguridad de la Nación, dice que ordenará reactivar (es decir que existía, pero estaba dormida) un área específica para esta proble­mática “que requerirá información georreferenciada y judicializada” para los denominados delitos rurales, como los sabotajes a silobolsas y robos de bienes o asaltos y lesiones a las personas.

En llamativa coincidencia, el diputado Massa (a la sazón titular de la Cámara baja) presentó un proyecto de ley para que se tipifique como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de 2 hasta 5 años de prisión. “Destruir una silobolsa es destruir el tra­bajo”, dijo Massa en un derroche de erudición, y aclaró que “es un delito nuevo contra la propiedad, que opera como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural”.

Es poco probable que la gente de campo, que viene soportando tremendos quebrantos por estos “delitos nuevos”, se sienta más segura a partir de las iniciativas de Frederic y Massa, sobre todo porque los ataques continúan sin freno. Y aunque ya existe en el Código Penal suficiente tipifi­cación para encuadrar el tratamiento judicial llegado el caso, lo primero es atrapar al “innovador” delin­cuente. 

Las expresiones de funcionarios y legisladores se parecen más a una puesta en escena que a un com­promiso real de combatir el delito, cualquiera sea su tipificación. Si alguna duda había de la verdadera vocación del Gobierno de ocuparse del problema, la antropóloga Frederic lo confirmó, propuso llevar ade­lante un censo de silobolsas en todo el país y elaborar “un informe diacrónico” sobre los delitos que ocurren en zonas rurales. 

Esto significará más tiempo para los innovadores.s