“La Policía no va a salir a meter gente presa”, aclaró el ministro de Seguridad

Luego del anuncio de la Policía de Corrientes so­bre la aplicación de aper­cibimiento, multa y hasta arresto -facultades confe­ridas por el Código Con­travencional de la provin­cia- para quienes no usen barbijo o tapaboca en la vía pública, el Ministerio de Seguridad realizó algu­nas aclaraciones respecto a la dinámica con la que va a implementarse. “No va­mos a salir a meter presa a la gente”, dijo el titular de la cartera, Juan José López Desimoni, ayer a la mañana en rueda de prensa. 

El funcionario apostó por la responsabilidad social y explicó que lo que van a ha­cer mediante los agentes de la fuerza es “controlar” la observancia civil a la obli­gatoriedad de estas cober­turas faciales ordenada por el gobernador de la provin­cia, Gustavo Valdés, el 10 de abril, hace ya 3 meses, me­diante el Decreto 649/20. 

“Es nuestra obligación hacer cumplir la normati­va”, enfatizó López Desi­moni al ser consultado por el Memorándum 289/20 emanado por la Jefatura de Policía, donde se hace saber a cada efectivo que en cum­plimiento de operativos de­berá aplicar el Código Con­travencional a aquellos que no cumplan con el decreto firmado por Valdés. El escrito invoca un artículo específico, el 66, sobre “inob­servancias a las me­didas de seguridad dictadas por una autoridad competente”, que sanciona con 10 unidades de multa (equivalente a 1% del suel­do de una jueza de Cámara) o cinco días de arresto al infractor. 

Con sus dichos, el mi­nistro dio a entender que el escrutinio policial será más estricto de lo que ve­nía siendo, pero también admitió la imposibilidad de un cumplimiento pleno mediante la coerción por lo que instó a la ciudadanía a cumplir de motu proprio con la directriz guberna­mental. 

Hasta el 31 de mayo la Policía desplegó operativos de control específico para el cumplimiento del aisla­miento social, preventivo y obligatorio (en vigencia ya hace 106 días) arrojando una cifra de 2.882 personas demoradas en la ciudad de Corrientes y una cifra cer­cana (2.745) en el interior provincial. Según los da­tos recolectados por este diario y en base a reportes policiales, se aplicaron 300 contravenciones en ese pe­ríodo: una cada 19 demora­dos; se iniciaron 151 causas penales: una cada 37. Luego los operativos cesaron -al menos no fueron informa­dos en los partes diarios- y comenzaron operativos de control vehicular en secto­res y barrios específicos. 

El 8 de abril, dos días an­tes de la puesta en vigor del decreto de Valdés, la Policía llegó a demorar a 208 per­sonas en estos operativos que ese día se “endurecie­ron” hasta comienzo de mayo, cuando comenzó la llamada fase 5. Fue tal el volumen extra que la ca­pacidad de espacios de de­tención se vio desbordada: hasta se improvisó con un corral con vallas para alo­jar a los infractores hasta ser evaluados por personal médico. Ese escenario es el que se pretende evitar y por ello tanto el Ministerio de Seguridad como la Jefatura apuestan por el compromi­so de los ciudadanos: “Todo lo que logramos fue por un esfuerzo, y si se hacen las cosas bien no vamos a te­ner problemas, por eso el uso del barbijo es una obli­gación e implica el cuidado de uno y de uno con los de­más”, recalcó Desimoni.

A eso mismo apuntó el subjefe de la Policía, comi­sario general Eduardo Ace­vedo, el miércoles cuando se conoció la medida: “Si tenemos que multar más de una vez a la misma persona, lo vamos a hacer, pero nues­tro propósito es apelar a la responsabilidad social para el cumplimiento del uso de barbijo”. Desde entonces la fuerza que conduce llevó adelante operativos de con­trol en distintas zonas de la ciudad que dieron como re­sultado la demora de medio centenar de personas por no tener tapabocas o care­cer del certificado corres­pondiente que justifique su presencia en la calle. En di­chos operativos también se confiscaron motocicletas y en menor medida bicicletas y carros. s