Chaco: se apagaron los respiradores y la Justicia investiga si hubo un sabotaje

Además del drama sa­nitario por la epidemia de coronavirus, que no ofrece respiro y tiene a todos en máxima alerta, un escánda­lo de inauditas proporciones que envuelve al Gran Hos­pital Perrando de Resisten­cia ha sumado un clima de tensión e incertidumbre en la provincia del Chaco, el tercer distrito en orden de gravedad epidemiológica a nivel nacional. Sucede que el martes pasado, de pronto se cortó el flujo de aire com­primido de siete respirado­res en terapia intensiva, a los que estaban conectados pacientes enfermos de co­vid-19. Un episodio insólito, que pudo tener un resultado trágico.

Afortunadamente la guar­dia detectó el súbito apagón y la situación se normalizó rápidamente sin mayores consecuencias para los en­fermos. Las autoridades hospitalarias especulan con un “sabotaje” y formalizaron una denuncia, sin apuntar a ningún sospechoso. El go­bierno, por su parte, anun­ció que se constituirá en querellante en la causa judi­cial que se abrió. Así lo infor­mó la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.

Todavía no hay imputa­dos, ¿de quién será quere­llante el gobierno? Ayer, el secretario general de Upcn, el gremio de estatales cha­queños, José Niz, salió al cruce de las declaraciones de los directores hospitalarios, dijo que en la denuncia al voleo son “imprudentes”. El gremialista señaló que está a favor de la investigación ju­dicial porque permitirá sacar a la luz las irregularidades.

“Las autoridades sanita­rias violaron la Ley de Obras Públicas, porque no han cumplimentado el procedi­miento de entrega de obra finalizada y tampoco han llevado a cabo las auditorías de control pertinente. Es de máxima gravedad la actitud de las autoridades, porque los trabajadores no han sido notificados de los planos de las refacciones y construc­ciones realizadas a la fecha”, explicó. De esta manera bus­có exculpar por adelantado al personal, ya que la mira de los investigadores está puesta en los trabajadores del hospital.

El desperfecto se produ­jo el martes pasado, el día que el presidente Alberto Fernández tenía previsto visitar Chaco aunque final­mente no viajó. En horas de la tarde una médica del sector donde había nueve personas internadas por co­vid, informó a la Dirección del hospital sobre el mal funcionamien­to de siete de los respiradores por fal­ta de suministro de aire comprimido. El déficit activó las alarmas y se dio pronta intervención al bioingeniero, quien luego de buscar las fallas consta­tó que se encontraban ce­rradas las llaves de paso de aire comprimido hacia los respiradores y que al abrir­las nuevamente comenzó a funcionar el sistema con normalidad, lo que hizo po­sible revertir la situación y que ningún paciente haya sufrido daños.

Según los que saben, el corte del suministro lo tuvo que hacer alguien con cono­cimiento del equipamiento, que se encuentra en el últi­mo piso del edificio.

El titular de la Fiscalía Nº 6, a cargo de Roberto Vi­llalba, citó a los directores Pascual y Nancy Trejo para ampliar la denuncia y orde­nó un allanamiento (que se realizó ayer) con la interven­ción a la División Investiga­ciones Complejas y Cibercri­men de la Policía del Chaco y al personal del Gabinete Científico.

La prueba clave para iden­tificar a los autores del aten­tado podría surgir de lo que hayan registrado las cámaras de seguridad, ubicada en las escaleras que llevan al piso técnico. “Hay una cámara que podría haber captado el ingreso de la o las personas que cometieron este hecho”, sostuvo el procurador ge­neral de la provincia, Jorge Canteros.

El jefe de los fiscales de Chaco indicó que el ataque podría calificarse dentro del delito de “tentativa de homicidio”. Es que el aire comprimido es fundamen­tal para mantener con vida a los pacientes graves de covid-19. No pueden recibir oxígeno puro, sino una mez­cla adecuada que permite mantener la capacidad res­piratoria de una persona. El equipamiento funciona au­tomáticamente, salvo que se apague. O que lo apaguen.s