El virus de la sospecha

Como si las numerosas muertes que se regis­tran a diario, como consecuencia de un virus extraño y altamente contagioso, no fuesen suficientes para alterar el ánimo colectivo y poner en aprietos permanentes al gobierno del Fren­te de Todos, ayer se produjo un episodio luctuoso, de características escabrosas, que sacudió con virulencia el ambiente político y súbitamente reinstaló en el país un espeso clima de sospecha por las implicancias ju­diciales que rodean al caso. Desde el fallecimiento, to­davía inexplicable, del fiscal Alberto Nisman (en ene­ro de 2015) no había una atmósfera de tensión como la que se instaló ayer apenas se conoció el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los arrepentidos en la denominada Causa de los Cuadernos que salpica a la actual vicepresidenta de la Nación y a buena parte del colectivo K. 

Así, impensadamente el pasa­do volvió a colarse en este pre­sente traumático y la pandemia quedó en un segundo plano. Esta vez no fue el virus desconocido, la víctima tiene nombre y apelli­do y referencia exacta en el en­tramado político y la sombra de corrupción que proyecta ese espacio. 

Fabián Gutiérrez, que estaba desaparecido desde el jueves, fue hallado muerto en una vivienda de la ciu­dad santacruceña de El Calafate. Estaba enterrado en la finca (del barrio Aeropuerto Viejo) en la que residía uno de los cuatro jóvenes detenidos por el hecho. Se­gún los primeros indicios del peritaje forense, presen­taba heridas de arma blanca y golpes. 

Había arribado a la Patagonia proveniente de Bue­nos Aires. Según el juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Navarrete, el cuerpo estaba envuelto en una sá­bana, vestido, con un fuerte golpe en la cabeza y con heridas de arma blanca. “Pareciera que el hecho ocu­rrió en la vivienda de él y el cuerpo fue trasladado con la camioneta hacia este domicilio”, dijo el magistrado, quien conjeturó que lo torturaron para conseguir di­nero. La causa está caratulada como “homicidio agra­vado”, pero el móvil todavía no está claro. 

Hay cuatro detenidos (uno de ellos habría confe­sado) y un sinfín de preguntas. A la par se acumulan sospechas.

El punto es que Gutiérrez no era un vecino más de El Calafate, fue el secretario privado de Cristina Kir­chner en su tiempo de presidenta y más tarde, cuan­do perdieron el poder, el hombre se convirtió en un testigo de una causa judicial incandescente. Había declarado como arrepentido en el caso que investiga la corrupción con la obra pública, condensado en los cuadernos del ex chofer Centeno. Por esta razón el crimen causó una explosión política.

Diputados y senadores de la oposición consideraron que Fa­bián Gutiérrez debía haber reci­bido protección del Estado por haber sido testigo arrepentido. En ese sentido el jefe de la bancada de senadores de Juntos por el Cam­bio, Luis Naidenoff, y el diputado Waldo Wolff, apuntaron al rol que a su criterio le correspondía al Es­tado. “Más allá de los presuntos móviles que la Justicia debe inves­tigar, el Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad”, señaló el radical formoseño. 

Además legisladores y dirigentes de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado para reclamar que se aparte de la investigación del crimen a la fiscal Na­talia Mercado por ser familiar de Cristina Kirchner. Sucede que es la ex nuera de CFK, estuvo casada con Máximo Kirchner.

En medio del ruido, el Ministerio de Justicia de la Nación que encabeza Marcela Losardo salió a aclarar oficialmente que Gutiérrez “nunca fue parte del Pro­grama Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera” porque “ni él, ni ninguna autoridad judi­cial requirieron su protección”. Insólito. Tanto como las piezas que se mueven en torno al caso.