Fatap: “El transporte del interior del país está en emergencia”
Dicen que la “grave crisis que atraviesa el transporte del interior del país” está llevando al sector “a una situación de deterioro irreversible”.
La Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) denuncia una “injustificada” discriminación del Gobierno nacional a los empresarios del interior del país, que está conduciendo al sector a un callejón sin salida.
En una declaración dirigida a las autoridades y usuarios asegura que el transporte del interior ha sido excluido, sin causa ni norma que lo justifique, de los beneficios establecidos en el Decreto Nº 332/20 (ATP), ni se ha accedido a declarar la Emergencia del Transporte del Interior.
Explican que el Gobierno nacional, como si se tratara de países diferentes, mantiene “una injusta e inaceptable discriminación que se traduce en que, a diferencia de la región Amba, al Interior no se le ha compensado la pérdida de recaudación causada por la dramática disminución de pasajeros transportados”.
La Fatap indica que hay una conjunción de factores que está destruyendo sistemáticamente el capital y el trabajo de cientos de empresarios y miles de trabajadores argentinos a lo largo y ancho del país, ante la pasividad de quienes tienen en sus manos la posibilidad de evitarlo.
Enumeran que el sector ha experimentado una reducción de sus ingresos manteniendo valores tarifarios de diciembre de 2019 y aportes provinciales establecidos sobre la base de costos del año 2018, por lo cual no podrá subsistir en una economía que afronta la mayor crisis de su historia.
Ello ocasiona que la regularidad y continuidad de los servicios, así como la calidad de las prestaciones, se vean garantizadas en una porción de la Argentina, pero no en la mayor parte de su territorio y que los poderes concedentes municipales y provinciales no han logrado establecer políticas que permitan sostener las prestaciones.
Expresan que la actividad del sector sufre las consecuencias de malas decisiones del pasado que no han sido revertidas y generan hoy que las jurisdicciones nacional, provincial y municipal disputen quién debe hacerse cargo de la cuestión, mientras las prestadoras asumen las nefastas consecuencias económicas y financieras que destruyen la cadena de pagos.
Apuntan que “el transporte del interior del país está en emergencia ante la pérdida de $18.000.000.000 de ingresos, lo que importa poner en grave riesgo la continuidad de casi 40.000 puestos de trabajo y numerosas empresas de capital nacional”.
En el mismo sentido, desde la Federación entienden que esta situación los encuentra “en la peor participación histórica de los subsidios nacionales entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires”.