Coima en Juzgado Federal: confirman elevación a juicio

La Cámara Federal de Ca­sación Penal de la Nación resolvió rechazar los plan­teos de nulidad expuestos por las defensas del ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila y sus secretarios penales Pablo Molina y Fe­derico Grau, acusados de cobrar coimas para liberar a narcos.

En un fallo firmado el viernes pasado, los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky rechazaron los planteos de las defensas al considerar que todo lo ac­tuado en el contexto de la causa está en línea con lo que marca la ley.

En este sentido se confir­mó la elevación de la cau­sa a juicio al rechazarse el planteo de nulidad formu­lado por los representantes de los imputados. “La deci­sión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objeti­va”, indica el fallo de Casa­ción. Esto quiere decir que el Tribunal de Revisión no encontró errores en las jus­tificaciones por las que la Fiscalía pidió llevar a juicio a los imputados.

En el mismo fallo, los ma­gistrados consideran que no correspondía realizar un pedido de nulidad porque sólo se habilita esta solici­tud ante sentencias defini­tivas y trámites que pongan fin a la acción en proceso o a la pena, “o hagan im­posible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Las tres defensas habían solicitado que se anule el pedido de elevación de la causa a juicio, aunque por razones diferentes. 

El planteo de Pablo Mo­lina fue que todo lo que se realizaba en el Juzgado contaba con la anuencia del magistrado y cuestionó las escuchas telefónicas en las que se habla de entrega de dinero para que se mejore la situación de un detenido.

Por su parte, el otro se­cretario, Federico Grau, también sostuvo que las pruebas por las que lo vin­culan son endebles. Advir­tió además que se lo involu­cró por interpretaciones de conversaciones telefónicas de terceros pero sin com­probación de los hechos. El abogado que lo representa, Aníbal Ibarra, indicó que la acusación “es arbitraria” y se sostiene en la declara­ción de un condenado por liderar una banda narco, Federico Marín. “(Grau) está procesado por lo que dijo (Federico) Marín, pero esto nunca fue corrobora­do. Y Marín dijo eso para que le rebajen la pena”, dijo el letrado.

En tanto, el ex juez Carlos Soto Dávila esgrimió argu­mentos relacionados con la política, y hasta se había manifestado víctima de un sistema ilegal de espionaje manejado por el gobierno nacional, entonces admi­nistrado por el macrismo. 

Los tres cuestionaron la inclusión de la figura del detenido arrepentido en la causa. Las declaraciones de ese imputado fueron las que prendió la mecha de la investigación de la causa 9.886/2018 que derivó en el procesamiento de los fun­cionarios judiciales, de un grupo de abogados y de un supuesto operador judicial que, se sospecha, hacía de nexo para cerrar las nego­ciaciones que están a un paso de ir a juicio oral.

Mecanismos ilegales relatados por narcos

Las escuchas telefónicas que fueron incorporadas a la causa 3.002/2017 que se tramitaba en el Juzgado Federal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, daban in­dicios sobre vínculos entre al menos un funcionario judicial y un grupo de abo­gados en el contexto de su­puestas negociaciones para mejorar la situación proce­sal de personas imputadas por narcotráfico. 

Luego se sumó a la sos­pecha un cúmulo de de­claraciones de personas acusadas por narcotráfico que acordaron brindar da­tos relacionados con he­chos delictivos a cambio de acordar penas menores y de protección. Sus iden­tidades estarían resguar­dadas.

Ellos habían asegurado que se habría pagado de coimas de hasta un millón de pesos y que existía un sistema de acuerdos en­tre abogados y operadores judiciales para acordar el pago de esas coimas. Con base en esos elementos, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del cuestionado fiscal Carlos Stornelli (acusado de es­pionaje ilegal) junto con el fiscal Iglesias, titular de la Procuración de la Narco­criminalidad, requirió -el 17 de septiembre del año pasado- ante el Juzgado Nº 12 de ese fuero la clausura de la instrucción y la ele­vación a juicio de la causa CFP Nº 9.886/2018, en la que consideraron acredi­tada la existencia de otra organización criminal, in­tegrada por Carlos Vicente Soto Dávila -en calidad de “jefe”, ex titular del Juzga­do Federal Nº 1 de Corrien­tes-, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau -secretarios penales de ese tribunal-, como también por un grupo de abogados de Corrientes -en calidad de “miembros”-, dedicada a realizar diferentes delitos en violación de sus funcio­nes con el fin de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico a cambio de dádivas -pagos de dinero o promesas de pago-. 

El pedido alcanza, en total, a 9 imputados, entre quienes también se en­cuentra Juan Manuel Fa­raone, de estrecha relación con el ex magistrado. 

De acuerdo a la investigación, el ex magistrado y sus secretarios dispo­nían detenciones en investigaciones de narcotráfico para luego negociar con los responsa­bles de esas maniobras a cambio de dinero, que era percibido y entregado a tra­vés de los abogados, para luego dejar sin efecto esas detenciones u ordenar ex­carcelaciones.

El abogado Augusto Nino Arena, quien representa a Juan Manuel Faraone, sos­tuvo respecto a la situación de su defendido que “no hay elementos por dádivas en el expediente en el que se acredite que Faraone haya tenido contacto con funcionarios judiciales”.

Remarcó que la relación en la causa del ex funcio­nario municipal es “porque se hace una interpretación caprichosa de las escuchas telefónicas, donde (Farao­ne) habla de una venta de un auto. No hay nada que lo relacione con funciona­rios judiciales, ni que haya pagado ni que haya sido ca­nal de pago. La cuestión es irregular”