La asistencia en la crisis
Más de 16.000 trabajadores pertenecientes a 152 empresas recibieron sumas fijas mensuales remunerativas transferidas por el Estado.
La inversión pública realizada para atender la emergencia sanitaria y económica, producto de la pandemia de coronavirus, alcanzó a los $2 billones en los 120 días que se cumplieron desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo).
Salvedad de estas medidas, es la emisión monetaria que se dio en este tiempo, como fuente de financiamiento de la administración nacional.
En estos cuatro meses, el Gobierno acudió a distintas clases de medidas para mitigar los efectos de la covid-19 sobre la salud, la sociedad y la economía, lo que representa ya más de 7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).
Esta cifra surge del relevamiento realizado por Télam a partir de los datos recabados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los Ministerios de Economía y de la Producción, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de las diferentes medidas anunciadas en estos 120 días.
La OPC contabilizó desde el 20 de marzo último, fecha en que comenzó el Aspo, un mayor gasto de $754.991 millones, equivalente a 2,7% del PBI.
A eso se añaden las facilidades para aportar mayor liquidez al sistema financiero, de modo de incentivar el crédito al sector privado, que sumaron $571.774 millones, lo que representa un 2% del PBI.
La reducción de las alícuotas impositivas y de contribuciones significa un 0,3% del Producto Bruto; y la suma del resto de las medidas relevadas por Télam, como la última modificación presupuestaria, la creación de un programa de infraestructura y viviendas, el otorgamiento de subsidios a las obras sociales y créditos de organismos multilaterales para políticas alimentarias, agregan otros 2,09 puntos.
Así, el monto total de los recursos previstos para su asignación hasta el momento para atender los impactos del coronavirus alcanza a $1.999.529.000.000, y representa 7,09% del PBI.
Entre las medidas de mayor impacto adoptadas en las últimas semanas están la creación del Programa Argentina Construye, que prevé una inversión de $29.000 millones y la creación de más de 750.000 puestos de trabajo para el desarrollo de obras de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento urbano, a través de obras articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.
Además, más de 16.000 trabajadores pertenecientes a 152 empresas recibieron sumas fijas mensuales remunerativas transferidas por el Estado, en el marco del programa Repro (Recuperación Productiva) desde que se dictaron las medidas de la emergencia, y por $175 millones
Asimismo, se otorgaron $5.000 millones a 255 obras sociales, provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados.
En tanto, el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó un crédito por hasta US$300 millones (unos $22.500 millones) para apoyar el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, cuyo propósito apunta a mitigar los efectos de pobreza y vulnerabilidad de niños y niñas en riesgo social y sanitario.
En este marco será pues imperativo activar plenamente el aparato productivo, con medidas impositivas y de acción directa para reactivar la industria y el comercio. La crisis, más allá de la asistencia, dejará un gran surco en la economía, que deberá ser corregido en el menor tiempo posible.