¿Reforma o adaptación?

Desde las usinas oficiales anticipan que en breve, tal vez en los próximos días, el presi­dente Alberto Fernández formalizará su plan para una reforma de la Justicia, una propues­ta que al asumir plantó como parte de los objetivos de su gestión, que lleva ya siete meses sin resultados a la vista. Buena parte del arco político argentino coincide con la idea de fondo respecto de la necesidad de una reformulación judicial, sin embargo no hay señales claras de qué y para qué cambiar. Es indiscutible que el agujero negro de donde emergen los problemas graves (estructurales) del país está ligado a la falta de justicia. Sin un Poder Judicial indepen­diente, sano, comprometido úni­camente con el respeto de la ley no hay futuro posible.

Sin justicia no hay democracia. El derrotero de la Argentina es el ejemplo palmario de esa ver­dad inconmovible, que trasunta los cimientos institucionales de la República y golpea cotidiana­mente en la vida de los ciudada­nos de a pie.

¿El profesor (de Derecho) Fer­nández buscará fundar un siste­ma que ofrezca garantía real, es decir que refuerce la soberanía de la ley para todos/as o solamente está procurando articular un entramado que dé tranquilidad a los intereses sectoriales? 

Si la reforma va en serio quizás los escultores de ese nuevo modelo no deberían ser únicamente los del establishment político y ni siquiera del judicial. Hace falta cincelar a fondo otro paradigma de servicio de justicia y para eso es indispensable una pluralidad de voces y de ideas. La misión es demasiado amplia y trascendente como para dejar esa tarea solo en manos de los miembros del Congreso, siempre permeable a las mayorías circunstanciales.

Por lo pronto, se vislumbra que la propuesta en ciernes no tiene como centro a la sociedad (léase: a la gente) sino a la comunidad del poder. No está pensado para reformular las bases de un sistema que se percibe torcido, enclenque, más bien la iniciativa parece dise­ñada para apuntalar la estructura existente con otros pilares tutoriales.

Puede que resulte exagerado, pero habría que ana­lizar si acaso la Justicia no es un edificio que hay que levantar de nuevo, desde los cimientos. Hay sobra­das razones que justifican esta idea, que nace como una lógica reacción a las anomalías constatadas en el ámbito de los tribunales federales, pero también en los fueros provinciales. Y he aquí una de los puntos centrales que explica, y le da sentido, a la necesidad de una reforma integral, seria y aséptica de la Justicia argentina. Es decir del Poder Judicial en su conjunto, visto como un todo in­tegrado sin las barreras geográfi­cas que parcelan auténticos cotos de poder domésticos. 

Es importante tener presente el efecto multiplicador que podría acarrear un cambio a fondo del sistema judicial. Sucede que las provincias si bien tienen reserva­da la potestad constitucional de su propia organización jurisdiccio­nal, es un hecho que en lo bueno y en lo malo se estructuran conforme al lineamiento del modelo federal. Y no hay nada que refute la firme sospecha de que el diagnóstico crítico que aplica para la Justicia Federal, y que da sustento a la necesidad de una reforma, también es extensivo a las provincias. 

Dicho de otro modo, es ingenuo pensar que la Justi­cia en el ámbito de las provincias goza de mejor salud que la del fuero federal. Es verdad que hay excepcio­nes, pero la regla del declive es además de ostensible, implacable. El caso de Corrientes es un ejemplo, aun­que no el único en un país donde el Poder Judicial se ha ido moldeando al calor de la política, que con el tiempo terminó convirtiendo a los tribunales en parte de su largo brazo de poder. Recortar este exceso es el primer paso para un cambio en serio.