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MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

Corrientes está en el primer tramo  del plan de obras en barrios populares

En cuatro años se realizarán inter­venciones en 4.000 barrios popula­res. En este 2020 serán 51, con una inversión de $17.400 millones. 

Las cuatro provincias del NEA, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa están incluidas en el lote de nueve provincias que durante 2020 se beneficiarán con el pro­grama “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares” que prevé inver­siones en infraestructura básica de asentamientos.

En cuatro años, el pro­grama presentado reciente­mente, realizará interven­ciones en 4.000 barrios po­pulares.

En 2020 serán 51 barrios de nueve provincias (Bue­nos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, For­mosa, Misiones, Río Negro, Santa Fe).

El programa “Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”, a cargo del Ministerio de De­sarrollo Territorial y Hábitat de la Nación prevé una in­versión de $17.400 millones en infraestructura para los inscriptos en el “Registro Nacional Barrios Popula­res” (Renabap).

En cada caso, se elabo­rará un “Proyecto Ejecuti­vo General” avalado por la Secretaría de Integración Socio Urbana. Incluirán conexiones domiciliarias a las redes eléctricas, de agua potable y cloacas, y construcción de espacios comunitarios.

La proyección para 2020 alcanza a 51 barrios de 9 pro­vincias (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, Santa Fe), con una inversión total casi $ 3.747 millones y 12.750 fami­lias beneficiadas.

El primer tramo para este año abarca 9 barrios de la provincia de Buenos Aires, uno de Cipolletti en Río Ne­gro y otro en la ciudad de Córdoba. 

La inversión proyectada es de $ 135.44 millones y beneficiará a más de 2.800 familias.

La iniciativa contempla la participación de las organi­zaciones comunitarias, y de los trabajadores de la econo­mía popular.

La resolución 52/2020, que lleva la firma de la mi­nistra de Desarrollo Terri­torial y Hábitat, María Eu­genia Bielsa, aprueba ade­más el modelo de convenio marco a suscribirse con las cooperativas, asociaciones civiles, y otras organizacio­nes de la sociedad civil así como con las provincias y los municipios que adhieran al programa.

La autoridad de aplica­ción será la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del ministerio, que tiene entre otros objeti­vos el fortalecimiento de la organización comunitaria, y el diseño de mecanismos de participación de los actores locales en el desarrollo e im­plementación de los proyec­tos de integración.

Asimismo, participa en el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructu­ra urbana y mejoramiento del hábitat, en el diseño e implementación de políti­cas de acceso al crédito y la vivienda, y en estrategias de regularización dominial para promover soluciones habitacionales.

En los considerandos de la medida, se indica que el programa constará de tres líneas: “Ejecución de pro­yectos de obras tempranas (POT), complementarias y/o de asistencia crítica; servi­cios vinculados a la formu­lación y elaboración de un Proyecto Ejecutivo General (PEG) para la Integración So­cio Urbana”.s