En Corrientes la Justicia liberó seis veces más presos que en Buenos Aires 

Los dos tiros con los que el jubilado Jorge Ríos, de 71 años, mató al ladrón Franco Moreyra, de 26, ocurrido la semana pasada en Quilmes (Buenos Aires), reavivaron el rescoldo encendiendo la lla­ma en el humor social sobre la (in)seguridad en Argenti­na -reeditada por segunda vez en el excepcional con­texto de la pandemia-: esa grieta jamás cerrada que los vaticinios oficiales dan por descontado que irá in cres­cendo de aquí a diciembre. El hecho de un civil ajus­ticiando a un delincuente, convirtiéndose éste en uno de ellos es sólo un aspecto del problema: otros cari­ces van emergiendo con los días. Ayer, por ejemplo, fue capturado el último hombre sindicado como miembro de la banda integrada por Moreyra  “Es una persona peligrosa que debería estar cumpliendo una condena hasta el 2021”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien ha marcado posición y está en franca incompati­bilidad con su par nacional, Sabina Frederic. Aún así el viernes comenzó un des­pliegue de tropas federales en Quilmes y otros siete dis­tritos del Conurbano. 

“Lo liberaron el 16 de abril”, aseguró Berni al afirmar que el delincuente -Claudio “el Enano” Dah­mer, de 27 años- había sa­lido en el marco del habeas corpus colectivo aceptado por el camarista Víctor Vio­lini, el 9 de abril (suspendi­do el 5 de mayo por la Corte provincial). “El mismo juez que lo liberó cuando se dio cuenta por televisión que había liberado un delin­cuente peligroso da la orden de detención nuevamente”, sostuvo y se despachó: “Esta es la Justicia que tenemos”. 

Corrientes no es ajena a la cuestión. Casos recientes han llamado la atención: el ladrón camuflado de policía, detenido el viernes 24/7, el delincuente en moto apa­leado por vecinos del ba­rrio Quintana el lunes 21/7 (quien portaba un revólver que no llegó a gatillar), el convicto Jorge “Mama” Bas­set que el 14/7 reincidió a los 13 días de haber salido de la Unidad Penal Nº 1. Además de denuncias públicas de vecinos armados en Moco­retá que patrullan los cam­pos para frenar el delito rural en el ex­tremo sureste de la provincia. Si bien en general el delito de homicidio está vin­culado a discusio­nes entre conocidos (familiares, vecinos o amigos), las muer­tes en ocasión de robo ocurren: hubo dos en el año en curso (una durante el aislamiento). Lo preocupante es que desde agosto de 2015 cuando ocu­rrió el emblemático asesina­to del estudiante Maximilia­no Aquino a la salida de una peña universitaria, en Capi­tal hubo otros 9 crímenes de este tipo: el 70% de las vícti­mas han sido mujeres mayo­res de 60 años atacadas en sus domicilios. 

Pero como se ha dicho, es una problemática polifacé­tica y el ministro Berni en su posicionamiento políti­co da en el clavo (o la llaga) al enfatizar el descontento de un segmento importan­te de la ciudadanía con la Justicia. Transcurridos casi 130 días del inicio del aisla­miento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial de Corrientes ha informado que el Juzgado de Ejecución de la Condena concedió 43 morigeraciones de pena a presos: el 86% fueron liber­tades condicionales. La cifra equivale al 7% de la pobla­ción prisionera con condena firme (unos 650) y en pro­porción es mucho mayor a los liberados en Buenos Ai­res que apenas supera el 1%. Entre el 7 de abril y el 29 de junio dicho estamento (que tiene a su cargo personas con sentencia firme) recibió 124 pedidos: 65% fueron re­chazos. 

Corrientes: liberaron 6 veces

Según esa información, de los solicitantes el 38% están presos por robo, el 25% por homicidio y otro 25% por abuso sexual (es decir, casi el 90% de los pe­ticionantes). Sin embargo, el documento no hace un desglose preciso de cuán­tos de estos delincuentes en particular conforman la población beneficiada, sólo indica que “en todos los casos en los que se con­cedió el pedido el Juzgado de Ejecución de Condena corroboró que se cumplían los requisitos legales”. No obstante, sí detalla que del abanico de posibilidades estipuladas por la ley de Ejecución Penal Privativa de la Libertad (Nº 24.660) la libertad condicional ha sido la más reiterada en di­cho período (37 concedidas sobre un total de 70), mien­tras que la prisión domici­liaria fue la menos (1 sobre 29). También se consignó que “hubo un solo pedido de habeas corpus, el cual se rechazó”. 

No todos los beneficios fueron otorgados por la ti­tular del juzgado, doctora María Teresa Zacarías, ya que hasta el 21 de abril es­tuvo de licencia debido a la feria judicial extraordina­ria, las dos semanas previas el estamento estuvo bajo administración rotativa de otras magistradas. Seis de cada diez pedidos tuvieron origen en la Capital, donde existen tres prisiones para condenados: la 1, la 4 (co­nocida como “Granja Ya­tay”, de mínima seguridad o régimen abierto) y la 3 (Instituto Pelletier: de mu­jeres). Fue en la 1 donde es­talló el conflicto en medio de una huelga de hambre de internos que reclama­ban celeridad en el trata­miento de sus peticiones y el brote de coronavirus ori­ginado a partir de un peni­tenciario. El día que volvió a funciones Zacarías hubo una represión de fuerzas penitenciarias y policia­les que dejó como saldo una docena de heridos y la muerte con perdigones de plomo de José María Can­dia (conoció como “Kevin” o “Yacarilo”), de 22 años, quien cumplía una pena de 6 años por haber robado un celular de $6.000 cuando era adolescente. A tres me­ses del hecho la causa no tiene imputado. La cárcel de condenados -que data de 1888- ha sido foco de contagio entre presos con 27 internos infectados y una decena de penitencia­rios. El mes pasado el Mi­nisterio de Salud provincial la declaró libre del virus. s