Otro intento por la coparticipación

Que un funcionario reconozca el incumpli­miento constitucional (uno más) respecto a la coparticipación, resulta, en principio, lla­mativo y en segundo término sorpresivo. Es que lejos de las situaciones que se generan en un país contradictorio, con mandas federales y prácticas uni­tarias, las posturas y declaraciones de quienes están en la administración central resulta debería tener un correlato en la acción.

Será pues que la afirmación de una funcionaria que está a cargo de las relaciones con las provincias tendrá en el corto plazo una sucesión de situaciones y defi­niciones que busquen reparar esa situación que denuncia. O al me­nos debería.

En principio, hay que saber que la secretaria de Relaciones con las provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, sostuvo que Argentina debe superar “el laberinto” de la coparticipación con las provincias y llamó a re­discutir ese mecanismo imposi­tivo porque hay “una gran con­centración de riqueza e ingresos en Córdoba, Rosario y Buenos Aires”.

“Hay que rediscutir sobre la coparticipación que se suspendió ahora por la pandemia. Desde el ‘96 se in­cumple el mandato que está en la Constitución Nacio­nal”, subrayó Batakis en declaraciones radiales, y que ayer reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

“Tenemos una gran concentración de riqueza e in­gresos en Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Debemos revisar ese entramado”, consideró.

“La gestión anterior, cuando transfiere el servicio de Seguridad lo puso en el régimen de coparticipación y eso puso una mancha más en el laberinto de copar­ticipación”, manifestó.

“Estamos trabajando en un desarrollo con equidad federal y equilibrio territorial. La macrocefalia que tiene Argentina es mala para todos. Esto no tiene pre­cedentes y genera muchas incertidumbres. Y esto se trasladó a las provincias. Entre aportes directos a las provincias y asistencias a las personas, estamos mo­rigerando las consecuencias económicas de la covid”, consideró. 

“Hoy más que nunca necesitamos la asistencia a la producción pero pensar las medidas para cada una de las provincias, de forma personalizada”, concluyó.

Queda a las claras que la discusión de una nueva ley de coparticipación resulta, a esta altura del incumpli­miento constitucional, de urgente discusión.

Las asimetrías que genera este estado de situación, agrava la rela­ción y resquebraja el tejido federal que debe ser la base de un país en el que tiene desde hace más de 150 años esa premisa.

Corrientes, en particular, carga con varias de esas deudas, centra­da básicamente en los dos puntos menos de coparticipación res­pecto a otro distrito de similares condiciones, Chaco, definido en la década del 80.

También los correntinos pade­cen la permanente discriminación respecto al reparto de fondos de Yacyretá que, con la pertenencia de los recursos, queda claro que el interés por la caja de la entidad supera toda determinación constitucional, como aquella que dice que las provin­cias son propietarias de sus recursos naturales.

Y a esta descripción de políticas (centrales en la lista de discriminaciones nacionales), debe sumarse la poca inversión de planes federales de obra pública que, en distritos vecinos, marcaron una despropor­cionada relación respecto a, por ejemplo, viviendas, rutas y autovías. Más allá de expresiones ocasionales de funcionarios, la realidad y el incumplimiento de las normas amerita una urgente acción, para reencauzar el camino marcado por los fundadores del Estado.