De la irresponsabilidad social

Lejos de que una instancia de extrema gravedad sanitaria genere en la comunidad una evo­lución social, en Corrientes los efectos de la pandemia por coronavirus, con restricciones vigentes desde marzo, parece no amilanar en algunos comportamientos, con indicios de ser conductas pro­fundas.

Vale por caso establecer algunas consideraciones para intentar entender esto que pasa, en una sociedad que tiene como margen positivo la fuerte interven­ción del estado al inicio de este tiempo, con controles estrictos que derivaron en resultados que hoy están a la vista: Corrientes es una de las provincias con menor cantidad de casos y fallecidos en el país.

Pero esa situación de estricto cumplimiento que se dio en mar­zo y durante casi todo abril los resultados fueron llevando a un relajamiento que fue, en princi­pio, la condición de fase 5, ahora más parecido a un período de va­caciones y feria.

Retomando el hilo de la situa­ción, lo ocurrido el fin de semana sea quizás el punto más extremo de este período de desconsidera­ción de la realidad. La ciudad de Corrientes fue el es­cenario de una de las más contundentes demostracio­nes de irresponsabilidad social: el sábado a la noche, la Policía desbarató una fiesta electrónica con más de 300 personas. Incluso casi con sorpresas en el operati­vo que derivó en pocas detenciones, pese al incumpli­miento de normas nacionales y provinciales. Fue sola­mente el responsable de animar la fiesta con la música quien fue indagado por la fuerza policial, mientras que los autores del encuentro no fueron identificados en el lugar.

La gravedad de lo ocurrido radica en que la promo­ción de ese encuentro se realizó a sabiendas de que estaba prohibido, y que sin embargo se acudió a la convocatoria a través de las redes sociales. Aun más la gravedad, que los asistentes (alrededor de 300, según los datos oficiales), abonaron mil pesos para ingresar a un predio ubicado en el barrio Laguna Soto, en el ejido municipal capitalino.

La ecuación económica resultó a simple vista un éxito, situación que permite establecer que esas per­sonas acudieron a la propuesta casi impunemente, en conocimiento de medidas claras, concretas y sin mo­dificaciones, que se vienen difundiendo desde hace más de cinco meses por todos los medios. Eso hace establecer que todos (o al menos la casi absoluta ma­yoría) sabían que lo que estaban haciendo no se podía.

De acuerdo o no, la norma es clara y sin vueltas. Es más, en una situación extrema como la que se está atravesando, las decisiones desde el estado son tomadas con base en protocolos epidemioló­gicos, de expertos que asesoran a las autoridades nacionales, y son analizadas también en cada dis­trito. La crítica a ellas son lógicas, incluso con propuestas diferentes que son expresadas desde los me­dios, pero no así la contundencia del cumplimiento que debe ser efectiva.

La irresponsabilidad individual, que habla de la irresponsabilidad social (en debate si es al revés) da cuenta de que prima en la sociedad argentina en ge­neral (y correntina en particular) la falta de madurez ante situaciones extremas, como la que se están vi­viendo.

La crítica que se le podría achacar a las autoridades está centrada en la efectividad de alguna decisión, pero no incumplirla. Así, lejos de avanzar con una conducta ciudadana, y reclamar a quienes correspon­dan la rectificación de la misma (vía judicial o legis­lativo), se elige el atajo más peligroso. El incumpli­miento refleja un comportamiento, que no ayuda a la madurez ciudadana y mucho menos a la búsqueda de un bienestar como sociedad.