Sapucay: quieren saber si Marcelo D’Alessio es testigo
“Solicito al Tribunal que me informe si Marcelo D’Alessio es uno de los testigos de identidad reservada de esta causa. Si lo es, veremos qué medidas de prueba solicitaremos; saber qué dijo y cuándo lo dijo”.
La frase del abogado José Vera es la explicación del pedido que realizó el miércoles pasado ante el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el contexto del debate oral y público de la causa del Operativo Sapucay, en la que se ventilan hechos relacionados con el supuesto tráfico de estupefacientes desde Itatí.
El letrado -que también interviene en la causa en la que se investiga espionaje ilegal por parte de agentes de la AFI- explicó a NORTE de Corrientes que “si el Tribunal confirma que D’Alessio es uno de los testigos de identidad reservada, no cabe dudas que debería venir a declarar en esta causa”.
El letrado busca desentrañar si el expediente 3.002/2017 es el resultado de una operación orquestada con organismos de inteligencia estatales, gubernamentales y judiciales para armar causas con fines partidarios.
El debate oral y público que se llevó a cabo el miércoles es la continuidad del juicio que se inició el año pasado pero que debió ser interrumpido por la pandemia de coronavirus. Es por ello que se resolvió realizarlo de manera virtual, pese a la oposición de los abogados defensores (ver aparte).
Lo que ocurrió en estos cinco meses de inactividad de la causa fue que se profundizaron investigaciones respecto de actividades de espionaje ilegal en la que aparecen espías y un falso abogado: Marcelo D’Alessio, actualmente detenido.
El dato que apuntó Vera es que D’Alessio había reconocido que tuvo intervención en la causa del Operativo Sapucay. Lo hizo en una entrevista difundida en diciembre de 2018 en el canal de noticias TN.
Es por ello que Vera recordó que “en aquella causa están imputados Carlos Stornelli (el fiscal que instruyó la causa del Operativo Sapucay) y D’Alessio. Existe un expediente que se llama Caso Sapucay e incluso D’Alessio habló de eso en el canal TN”, y es por ello que elevó su inquietud ante los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni. La respuesta al pedido de Vera deberá ser evaluada y sería respondida en la próxima audiencia, el 12 de agosto.s
José Vera, uno de los letrados defensores, expuso la hipótesis de posibles intervenciones ilegales de la agencia de investigaciones en Corrientes.
Oposiciones tras cinco meses de inactividad
La modalidad remota en la que se llevó a cabo la continuidad del juicio oral y público con una docena de imputados por el delito de narcotráfico dejó al desnudo las dificultades técnicas que existen para que la Justicia afronte los inconvenientes generados por la pandemia de coronavirus que, entre otras cosas, impide reuniones masivas en recintos cerrados.
Las vicisitudes de la audiencia en la que participaron 28 personas, entre funcionarios judiciales, fiscales, abogados e imputados -algunos en unidades carcelarias y otros en sus casas- tuvieron que ver principalmente con la inestabilidad del sistema de comunicación vía Internet y por la falta de experiencia en videoconferencias.
Tal es así que un testigo estuvo imposibilitado de declarar, ya que se hallaba en Misiones y la intención era que hable en el juicio a través de una videollamada con un teléfono celular. Pero la escasa señal de comunicaciones existente en la zona en la que se hallaba hizo imposible el trámite. Le propusieron que se acerque a una unidad de la Gendarmería para usar los elementos necesarios, pero el declarante tiene problemas de salud y no puede alejarse de su domicilio. Lo citaron para la próxima audiencia. Los técnicos del Poder Judicial evaluarán cómo subsanar el problema.
Otro de los que tuvo inconvenientes fue el abogado Jorge Barboza. El letrado que lleva la defensa de Carlos Bareiro perdió parte del desarrollo de la audiencia debido a que la conectividad falló en dos oportunidades. Igualmente hizo preguntas “picantes” a los testigos durante el desarrollo del debate para dejar en claro que durante los operativos realizados el 14 de marzo de 2017 no se incautó droga.
“Ante este escenario adverso, primero nos opusimos y se rechazó el planteo porque el fiscal quería iniciar el debate. Luego, ante la resolución de seguir, un recurso de casación, por lo que ahora estamos esperando que la Cámara resuelva si se continúa o hace lugar a nuestro pedido de hacer presencial el debate”, explicó Jorge Barboza. Para otro abogado, Guillermo Rojas Busellato, “hay un grado de improvisación” en las audiencias. s