Enfocar el esfuerzo en el bien común de los correntinos ¿y si guardamos las urnas?

Nuestra querida provin­cia se halla sumida en una profunda crisis económi­ca, como correlato natural del calamitoso estado de las cosas a nivel nacional y mundial, provocado por las acciones adoptadas para enfrentar la pande­mia por todos conocida. Es indudable que este evento dañoso no tiene parangón con ningún otro anterior que hayamos sufrido, y así como se han adoptado me­didas extraordinarias para mitigar sus alcances en el presente, nos obliga a re­formular a futuro muchas de las acciones que antes preveíamos para el natural desarrollo de nuestra exis­tencia.

El verdadero desastre causado a nuestra econo­mía ha provocado una fe­nomenal caída de la activi­dad productiva, industrial, comercial y de servicios, destruyendo la cadena de generación de recursos ge­nuinos y aniquilando mi­les de puestos de trabajo, insostenibles por la falta de ingresos activos.

El Gobierno Nacio­nal y sus correlati­vos provinciales han adoptado medidas extraordinarias en de­fensas sanitarias como de apoyo a nuestros con­ciudadanos, para tratar de sostener un mínimo ingre­so que les permita subsis­tir. Se han suspendido asi­mismo garantías constitu­cionales inalienables como la libertad de tránsito y reunión y muchas otras, con el consenso tácito de los ciudadanos, y aún con focos de resistencia, ante las naturales pérdidas pro­vocadas por la falta de acti­vidad productiva.

En este contexto se han suspendido también todas las tareas no esenciales del sector público, limi­tándose la ejecución de programas y proyectos y postergándose la ejecución de tareas tan importantes como el censo nacional de población, evento de trascendencia para la pla­nificación de un país que requiere para realizar cosas consistentes en el tiempo, de radiografías precisas de la realidad, tanto humanas como económicas y que en la actualidad se carecen, prueba de ello es que en cada relevamiento y acti­vidad sanitaria producto de la pandemia, los funcio­narios y dirigentes se sor­prenden con los cambios que se evidencian en el tejido social, tornando in­eficaces los planes previs-tos.

Ante estas circunstan­cias, y la realidad que este estado de cosas se prolon­gara en el tiempo, y espe­cialmente que llevará más de un año la progresiva normalización de la vida cotidiana, con recuperacio­nes más o menos inminen­tes según la actividad que se trate, y muchas de ellas que no volverán al estado anterior, se vislumbra un ruinoso porvenir de todo el sector económico privado, único motor genuino del desarrollo de un país.

Tampoco es dable espe­rar por la magnitud de la pandemia, que se vuelquen en lo inmediato inversio­nes extranjeras, o que los propios nacionales y com­provincianos puedan dis­poner de excedentes para ampliar sus capacidades, ante lo erosivo del fenóme­no que enfrentamos. Todos tenemos en claro que la actividad administrativa, el dictado de leyes o reso­luciones y ordenanzas, no generan riqueza genuina. Es por ello que esta debe limitarse a mantener los mínimos recursos que per­mitan una ordenada y aus­tera administración de los escasos bienes, como sa­biamente reza en la Cons­titución Provincial. Estas evidencias de la realidad social inocultable exigen generar pensamientos que concluyan en propuestas conducentes al uso racio­nal y óptimo de las capa­cidades que disponemos, evitando dilapidar recursos valiosos e insustituibles, así como distraer el tiempo en actividades inútiles para la reparación del profundo daño consumado.

Debido a la falta de coin­cidencia de los procesos electorales nacionales y de nuestra provincia, en los próximos meses, en un estado normal de cosas, deberíamos ingresar a un proceso institucional de renovación de autoridades.

A este devenir la ciuda­danía debe irrenunciable­mente propiciar, inde­pendientemente de los intereses de la clase política que confor­man los partidos, que teniéndose presente la calamidad pública en que estamos sumergi­dos se pospongan todos los procesos electorales provinciales y municipa­les, hasta su coincidencia temporal con los llamados nacionales, ya que este es el tiempo razonable que re­querirá un mínimo ordena­miento y reorganización de las actividades humanas, y la vida misma.

No resulta razonable dar inicio al proceso formal preelectoral, que conlleva un ingente esfuerzo opera­tivo y logístico, pero sobre todo económico, en este profundo estado de con­moción social. Hay que va­lorar anticipada y genuina­mente, como dice hacerlo la conducción política, que primero es la ciudadanía y la realización de las necesi­dades humanas.

Es por ello que, teniendo presente las previsiones de la Constitución Provincial, taxativamente considerado en su artículo 81º -estado de conmoción y calamidad pública, y 118º, incisos 22 y 29, así como las disposi­ciones de los artículos, 3º, 28º, 31º y concordantes, propongo a los ciudadanos y autoridades en ejercicio, se concreten las acciones pertinentes para no reali­zar las próximas elecciones provinciales, disponiendo la prórroga de los manda­tos vigentes hasta la concu­rrencia con las elecciones nacionales.

Esta propuesta segura­mente necesitará del más amplio consenso público, y es urgente que nos ma­nifestemos en tal sentido para evitar la pérdida de ingresos, así como la dis­tracción de recursos y ac­tividades valiosísimos para afrontar la reconstrucción de nuestra vida cotidiana.

Esto debe ser acompaña­do con medidas de cumpli­miento irrestricto en lo que hace a la inmovilización de cargos públicos en todas las esferas de gobierno, es­pecialmente en las plantas de personal no esencial, y la eliminación de gastos superfluos durante este período de prórroga, ela­borándose un presupuesto en base a recursos garan­tizados que permitirá la asignación más eficaz de los fondos públicos, propi­ciando la restauración de la actividad productiva y coti­diana en todas sus formas. Es tiempo de pensar en la recuperación de la vida y de nuestro acervo provin­cial. s

(*) El autor fue Fiscal de Estado, Ministro Secreta­rio General de la Gober­nación, y Presidente del Banco de Corrientes.